Varios de los afectados por el colapso del Banco Espírito Santo (BES) en Venezuela y otros países se concentraron este martes 15 de octubre ante la sede del Tribunal Central Penal de Lisboa, donde comenzó el macrojuicio por la intervención de la entidad bancaria hace diez años, para exigir la devolución de su patrimonio y ahorros.
Casi dos mil personas, tanto dentro como fuera de Portugal, sufrieron las consecuencias, como Fátima Rufino, cuyos padres, emigrantes en Venezuela, depositaron su dinero en el banco, como “la gran mayoría de portugueses que vivían allí”.
Se trataba de una entidad “con mucho renombre”, motivo por el que la intervención del Banco de Portugal les tomó por sorpresa. De hecho, se enteraron a través de los medios de comunicación.
En aquel momento, los gestores del BES “se aprovecharon de la ingenuidad y la confianza de los inmigrantes y lamentablemente los defraudaron”, explicó Rufino a EFE, que representa los intereses de sus progenitores, ya que su padre falleció hace 8 años y su madre no pudo estar presente este martes ante el juzgado por motivos de salud.
Esta contable de profesión recalcó que el BES engañó a muchas familias, personas mayores que no tenían capacidad para entender los riesgos de los productos que les estaban ofreciendo.
“Mis padres tenían una cuenta corriente y mi madre en una ocasión quiso retirar el dinero para comprar un apartamento y le dijeron que no lo hiciera. Ese día llamaron a mi padre para ofrecerle un nuevo producto y cayó, le robaron sus ahorros”, subrayó Rufino, quien prefirió no hablar de cantidades en concreto y se limitó a aclarar que era una suma grande.
La venezolana Irene Gómes, 49 años, fue otra de las afectadas que estaban este martes en el Campus de Justicia de la capital lusa: Su padre, natural de Madeira (Portugal), tenía una cuenta a plazo fijo en el BES junto a sus hermanos, en la que depositaron una herencia familiar.
Su progenitor perdió alrededor de doscientos mil euros, pero sus primos y tíos, algunos de ellos ya fallecidos, perdieron cantidades mucho mayores, e incluso la totalidad de sus ahorros.
Gómes, al igual que Rufino, culpó a los agentes bancarios: “La gestora de mi padre, junto con otros, viajaba a Venezuela (desde Portugal) exclusivamente para reclutar a este tipo de clientes, pequeños comerciantes, gente que tenía todos sus ahorros metidos ahí e iban a venderles estos productos”, detalló.
El proceso que hoy se inicia, uno de los mayores de la historia de Portugal, va a juzgar más de 300 delitos relacionados con la supuesta falsificación de la contabilidad del holding Espírito Santo Services entre 2009 y 2014, origen del colapso de la entidad y la intervención del Banco Central de Portugal.
Antes del inicio del juicio, un carro fúnebre, símbolo de los damnificados por la caída del BES, estacionó frente al Campus de Justicia.
El vehículo, con carteles con mensajes como “mataron nuestros ahorros, ahora es hora de justicia”, fue escoltado por 16 personas, vestidas de negro y con los nombres de los acusados del caso en sus camisetas.
El presidente de la Asociación de Defensa de los Clientes Bancarios (ABESD), Francisco Carvalho, quien reclama 330 millones de euros para los afectados, dijo, en unas declaraciones a EFE, que “hoy renace la esperanza para recuperar las pérdidas y que la justicia empiece a hacer su trabajo”.
Carvalho pertenece a la segunda generación de perjudicados por la caída de la entidad, donde su padre tenía depositado el patrimonio familiar y con el que podrían haber pagado dos carros de alta gama. La pérdida les dificultó terminar el pago de su hipoteca.
El portavoz de la ABESD, quien es uno de los 700 testigos en el proceso, subrayó que el banco nunca ofreció ninguna solución y que los distintos gobiernos han intentado negociar en varias ocasiones de forma infructuosa.
Con información de EFE
