Un juez federal dijo este jueves que el decreto del presidente Donald Trump que pone fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento era “descaradamente inconstitucional” y que estaba emitiendo una orden de restricción temporal para bloquearla.
El juez John Coughenour, designado por Ronald Reagan y que tiene su sede en Seattle, concedió la solicitud del fiscal estatal de Washington, Nick Brown, y otros tres estados liderados por demócratas para la orden de emergencia que detiene la implementación de la política durante los próximos 14 días mientras hay más reuniones informativas en el desafío legal.
“He estado en el tribunal durante más de cuatro décadas. No recuerdo otro caso en el que la pregunta planteada fuera tan clara”, dijo Coughenour.
“¿Dónde estaban los abogados?” cuando se tomó la decisión de firmar el decreto, preguntó el juez. Dijo que le “confundía” que un miembro del Colegio de Abogados afirmara que la orden era constitucional.
Los estados liderados por los demócratas buscan una orden de restricción temporal, ya que argumentan que el decreto de Trump es una flagrante violación de la Enmienda 14 de la Constitución, que garantiza la ciudadanía a todos los niños nacidos en suelo estadounidense “y sujetos a su jurisdicción”.
Lane Polozola, abogado del estado de Washington, dijo al juez que “los nacimientos no se pueden pausar” mientras el tribunal considera el caso.
“Hoy en día, aquí y en los estados demandantes y en todo el país, nacen bebés con una nube sobre su ciudadanía”, dijo Polozola.
Los niños a los que se les niega la ciudadanía según la orden de Trump enfrentarán “impactos negativos sustanciales a largo plazo”, agregó.
Polozola también argumentó que la administración de Trump no solo ignoró esos daños en los documentos que ha presentado hasta ahora en la disputa, sino que ese daño “parece ser el propósito” del decreto.
Más allá del impacto que el decreto de Trump tendrá sobre sus residentes, Washington y los otros estados argumentan que el fin de la ciudadanía por derecho de nacimiento supondrá una carga financiera y logística para sus programas estatales, ya que esos niños quedan privados de los beneficios federales a los que tendrían derecho como ciudadanos.
El Gobierno de Trump argumenta que esa cláusula “sujeta a su jurisdicción” permite al presidente excluir a los hijos de inmigrantes indocumentados e incluso a los niños cuyos padres están legalmente presentes pero carecen de estatus legal permanente.
El abogado del Departamento de Justicia, Brett Shumate, instó al juez a posponer la emisión de una orden de emergencia que bloquee la política hasta que haya más información sobre la misma.
“Entiendo sus preocupaciones”, dijo Shumate, pero instó al tribunal a no emitir “un juicio apresurado sobre el fondo del asunto”.
Shumate señaló que los otros casos que impugnan el decreto avanzaban a un ritmo más lento y argumentó que un “daño inminente” está amenazando a los estados.
Con información de medios locales
EN DESARROLLO…
La constitución está por encima de cualquier Decreto u leyes no acorde con esta.