El gobierno de Trump está planeando imponer multas de hasta $998 diarios a los migrantes que permanezcan en el país a pesar de haber recibido una orden de deportación, y considera confiscar sus propiedades en caso de no pagar, según documentos internos a los que tuvo acceso Reuters.
Las multas tendrían carácter retroactivo por hasta cinco años, lo cual podría resultar en montos superiores al millón de dólares, de acuerdo con un alto funcionario del gobierno que habló bajo anonimato con la agencia.
Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), confirmó a Reuters en un comunicado el plan de imponer las multas.
McLaughlin reafirmó que todos los migrantes que se encuentren en EE. UU. de forma irregular deberían autodeportarse y salir del país a través de la aplicación móvil CBP Home, que sustituyó a la CBP One de la era Biden. De no hacerlo enfrentarían consecuencias. “Esto incluye una multa de 998 dólares por cada día que el inmigrante ilegal haya permanecido después de su orden final de deportación», declaró la portavoz en el comunicado.
La Administración Trump también está considerando confiscar las propiedades de los inmigrantes que no paguen las multas, según correos electrónicos del gobierno revisados por Reuters.
Los correos electrónicos revisados por la agencia de Noticias muestran que la Casa Blanca ha presionado a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos para que gestione la cuestión de las multas, la confiscación de bienes de los inmigrantes que no paguen y la venta de sus activos.
Estas multas se basarían en una ley de 1996 que se vino a aplicar por primera vez en 2018, cuando Trump la invocó durante su primer mandato para multar a nueve migrantes que buscaban refugio en iglesias.
Con información de Versión Final
