Senadores de EEUU presentan resolución bipartidista que exige elecciones libres y liberación de presos políticos en Venezuela

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Un grupo bipartidista de senadores de Estados Unidos presentó una resolución para reafirmar la política de Washington de respaldar una transición democrática y pacífica en Venezuela mediante elecciones presidenciales libres y justas.

El texto insta al gobierno encabezado por Delcy Rodríguez a convocar comicios presidenciales y a liberar de manera inmediata e incondicional a todos los presos políticos.

La iniciativa fue presentada por los senadores Ted Cruz, Rick Scott, Dick Durbin, Tim Kaine, Adam Schiff, Jacky Rosen y Jeanne Shaheen.

En el documento, los legisladores recuerdan que el Departamento de Estado concluyó el 1 de agosto de 2024 que Edmundo González Urrutia obtuvo la mayor cantidad de votos en las elecciones presidenciales del 28 de julio de ese año.

La resolución repasa además la inhabilitación de María Corina Machado, el bloqueo a la candidatura de Corina Yoris y la posterior postulación de González Urrutia por parte de la Plataforma Unitaria.

De manera directa, la resolución sostiene que “Delcy Rodríguez no tiene un mandato electoral del pueblo de Venezuela, no ha dado pasos significativos hacia la convocatoria de elecciones presidenciales libres y justas, y es ampliamente considerada incapaz de ganar cualquier cargo en una elección libre y justa”.

El documento recuerda igualmente que el Departamento de Estado reafirmó el pasado 16 de julio que Estados Unidos continuará respaldando los esfuerzos liderados por los venezolanos para lograr una transición democrática por la vía electoral.

El Senado exhorta a las autoridades chavistas a restaurar la gobernabilidad democrática mediante elecciones presidenciales libres, justas y transparentes, y reclama la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, incluidos los detenidos por hechos relacionados con las elecciones de julio de 2024.

El texto advierte además que cualquier detención arbitraria, condena, agresión, desaparición forzada, muerte u otro daño grave contra personas que aspiren a cargos públicos —incluida Machado— socavaría la libertad y la imparcialidad de futuras elecciones y daría lugar a nuevas acciones de Estados Unidos para exigir responsabilidades a los involucrados.

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