A seis meses de la histórica captura del expresidente Nicolás Maduro a manos de fuerzas especiales de los Estados Unidos (EE. UU.) durante la denominada «Operación Resolución Absoluta» ejecutada el pasado 3 de enero de 2026, los ámbitos judicial y político tanto en Nueva York como en Venezuela registran profundas transformaciones bajo un panorama de absoluta incertidumbre.
En el plano judicial estadounidense, Maduro y su esposa, Cilia Flores, continúan recluidos en el Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn, Nueva York.
Tras haberse declarado inocentes de los cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos de armas ante el tribunal federal de Manhattan liderado por el juez Alvin Hellerstein, la defensa legal del exmandatario ha intentado sin éxito desestimar la causa.
A la par del proceso penal original, el caso ha sumado nuevas complicaciones esta semana luego de que cinco familias venezolanas interpusieran una demanda civil en los tribunales neoyorquinos en contra de Maduro, acusándolo directamente de ejecuciones extrajudiciales y torturas sistemáticas perpetradas entre 2017 y 2021 por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
Ambos acusados permanecen bajo estricta custodia federal a la espera de su próxima audiencia fijada para el 22 de julio.
Mientras tanto, en territorio venezolano, el vacío de poder inmediato fue cubierto por la vicepresidenta en funciones, Delcy Rodríguez, quien asumió formalmente como «presidenta encargada» el 5 de enero de 2026 amparada por una resolución de «ausencia forzosa» dictada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Aunque esta figura interina constitucional contemplaba un plazo máximo de seis meses sin convocar obligatoriamente a elecciones —período que se cumple precisamente este mes—, la estabilidad política interna se encuentra severamente condicionada por factores externos.
Tras la remoción de Maduro, la Casa Blanca flexibilizó temporalmente las sanciones sectoriales, lo que agilizó el comercio de crudo entre la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y empresas norteamericanas, llegando a reportar ventas por mil millones de dólares en pocas semanas; no obstante, la administración de Rodríguez enfrenta duras críticas debido a la lentitud en las reformas democráticas y la falta de reactivación económica real.
A este complejo panorama institucional se suma una catástrofe natural reciente que ha terminado por desestabilizar la gestión de la presidenta encargada.
El doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió la costa central y el norte de Venezuela el pasado 24 de junio ha dejado más de 2.300 fallecidos, colapsando infraestructuras críticas en Caracas y La Guaira.
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