El Gobierno de Trump tiene hasta las 11:59 p.m. del lunes para devolver a Estados Unidos a un hombre de Maryland que la administración admite que fue deportado accidentalmente a una prisión de alta seguridad en El Salvador.
La jueza de distrito Paula Xinis rechazó el domingo los intentos de la administración de Trump para pausar una orden para el regreso de Kilmar Armando Ábrego García, alegando que la expulsión del trabajador metalúrgico salvadoreño fue “totalmente ilegal” y un “grave error”.
Xinis afirmó el domingo que su orden seguía “en pleno vigor y efecto”. El Departamento de Justicia ha pedido al Tribunal de Apelaciones del 4º Circuito de Estados Unidos que deje en suspenso la sentencia.
Ábrego, cuyos abogados afirman que huyó de la violencia de las bandas en El Salvador hace más de una década, ha sido enviado al CECOT, la famosa megaprisión del país. Agentes federales lo detuvieron el 12 de marzo, mientras su hijo de cinco años estaba sentado en el asiento trasero del coche. El gobierno alegó inicialmente que Ábrego formaba parte de la banda MS-13, pero no existe ninguna causa judicial que lo vincule al grupo.
El caso de Ábrego es solo uno de los centenares de casos que se encuentran en un fuego cruzado legal con el gobierno estadounidense, mientras la administración sigue recortando drásticamente las cifras de inmigración y deportando a inmigrantes, tanto si entraron en Estados Unidos legal como ilegalmente. Sin embargo, es la primera vez que la administración Trump admite un error relacionado con sus recientes vuelos de deportación a El Salvador.
¿Volverá Kilmar Armando Ábrego García a EE.UU.?
Años antes de su arresto, Ábrego había sido considerado miembro de una pandilla por el Departamento de Policía del Condado de Prince George, en parte porque llevaba una gorra de los Chicago Bulls y una sudadera con capucha, y por la palabra de un informante que dijo que era un miembro activo de la MS-13, una acusación que sus abogados negaron continuamente, según una presentación judicial reciente.
En 2019, un juez de inmigración concedió a Ábrego el estatus de protegido, prohibiendo al gobierno federal enviarlo a El Salvador.
A pesar de que el gobierno reconoce el error, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos también afirma que está involucrado en el tráfico de personas.
“Tanto si está en El Salvador como en un centro de detención en Estados Unidos, debería estar encerrado”, dijo el viernes la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, en declaraciones a CNN. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también ha insistido en calificar a Ábrego de criminal.
Xinis escribió el domingo en una opinión legal que las acusaciones contra Ábrego eran “vagas” y “no corroboradas” y que, en cualquier caso, estaba bajo estatus de protección.
“Como reconocen los acusados, no tenían autoridad legal para arrestarlo ni justificación para detenerlo, ni motivos para enviarlo a El Salvador, y mucho menos para entregarlo en una de las prisiones más peligrosas del hemisferio occidental”, escribió.
La detención de Ábrego conmocionó a su comunidad centroamericana en Maryland, cuyos miembros han declarado a CNN que han sido injustamente señalados por la administración o etiquetados como miembros de bandas sin pruebas.
Los miembros de la comunidad salvadoreña, incluidos los que tienen tarjetas de residencia o visados, dicen que se han sentido inseguros desde la detención de Ábrego, ya que podrían ser deportados en cualquier momento a un país en el que podrían correr peligro de muerte.
Como uno de los efectos colaterales del caso, el Departamento de Justicia ha puesto al fiscal estadounidense Erez Reuveni en excedencia tras expresar su frustración por no poder responder a preguntas clave de un juez sobre la deportación errónea.
A la pregunta de por qué EE.UU. no podía simplemente pedir la devolución de Ábrego, Reuveni dijo: “Lo primero que hice cuando tuve este caso sobre mi mesa es hacer la misma pregunta a mis clientes”, añadiendo que no obtuvo una respuesta directa.
Con información de CNN
