El Ministerio de Petróleo de Venezuela ha suspendido temporalmente 19 contratos de producción compartida suscritos con empresas privadas durante la administración de Nicolás Maduro, según revelaron cuatro fuentes con conocimiento directo a la agencia Reuters.
Esta medida, que forma parte de un proceso de revisión exhaustiva, busca auditar la legitimidad y solvencia de los acuerdos firmados mientras el país se encontraba bajo un esquema de sanciones internacionales.
Hasta el momento, la suspensión no ha impactado los niveles de extracción de crudo y gas, ya que la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) ha asumido la comercialización directa de la producción generada por dichos proyectos mientras dure la medida.
La revisión de estos contratos se está llevando a cabo de manera coordinada entre Caracas y Washington, cuyos gobiernos evalúan las credenciales de las compañías involucradas, algunas de las cuales son poco conocidas o están registradas en paraísos fiscales.
De acuerdo con las fuentes de Reuters, las autoridades binacionales podrían recomendar la revocación definitiva de aquellos acuerdos que no cumplan con los nuevos estándares de transparencia o que hayan sido otorgados de manera irregular.
Entre los proyectos afectados se encuentran operaciones en áreas críticas como el Lago de Maracaibo y desarrollos de gran envergadura en la Faja Petrolífera del Orinoco, la principal reserva energética del país.
Esta auditoría masiva es posible gracias a la reciente reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH), aprobada por la Asamblea Nacional (AN) a finales de enero de 2026.
El nuevo marco legal otorga al Ejecutivo un plazo de seis meses para revisar todos los contratos vigentes, con el fin de facilitar una inversión extranjera más robusta y confiable en una industria que requiere una reconstrucción profunda.
Mientras se mantienen suspendidos estos 19 acuerdos, el Ministerio de Petróleo continúa en conversaciones con socios estratégicos para asegurar que la producción nacional no se vea comprometida durante este proceso de transición.
El giro en la política petrolera ocurre tras la captura de Maduro en enero y el inicio de una fase de estabilización bajo la gestión de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien ha abogado por una «nueva agenda de cooperación» con Estados Unidos.
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