El canciller Félix Plasencia informó este viernes que Venezuela notificó al secretario general de la ONU, António Guterres, su decisión «firme e irrevocable» de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la Corte Penal Internacional (CPI).
La medida fue instruida por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
El retiro no detiene la investigación en curso
Pese al anuncio, expertos legales coinciden en que la decisión no tiene efecto inmediato ni frena las pesquisas ya abiertas.
El abogado Alí Daniels, vocero de la ONG Acceso a la Justicia, explicó que las investigaciones en curso no se ven afectadas y que si llegara a emitirse una orden de aprehensión, esta mantendría plena validez legal.
Daniels precisó además que una vez consignada la comunicación oficial ante la ONU, debe transcurrir un año para que el retiro surta efecto, y que durante ese lapso Venezuela está obligada a colaborar con las investigaciones en curso.
En la misma línea, Martha Tineo, de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, sostuvo que la salida de la CPI «no tiene implicación práctica» sobre el expediente de Venezuela, y la interpreta como una confirmación de los retrocesos del país en materia de derechos humanos.
El origen de la causa
La CPI abrió en 2021 una investigación formal por la actuación de las autoridades durante las protestas antigubernamentales de 2017, que dejaron unos 200 muertos, tras una solicitud de investigación formal presentada en 2018 por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú.
La causa investiga presuntos crímenes de lesa humanidad como torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y violencia sexual, para la que más de ocho mil víctimas han aportado testimonios.
Daniels pone como ejemplo el caso del expresidente filipino Rodrigo Duterte, quien aplicó la misma fórmula de denunciar el Estatuto de Roma y hoy debe hacer frente a la justicia internacional por el asesinato de decenas de personas en su «guerra contra las drogas».
¿Casualidad con la ofensiva de EE.UU. contra la Corte?
El anuncio venezolano se produce días después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, arremetiera contra el tribunal, afirmando que «la CPI y sus amigos están librando una guerra contra nuestro país, no con balas o misiles sino con estatutos, pactos y la fuerza de los llamados acuerdos internacionales».
Daniels observó que resulta llamativo que la denuncia de Delcy Rodríguez llegue días después de que Rubio anunciara una campaña para «desmantelar» la CPI.
La CPI señaló que no había sido notificada formalmente de la decisión, pero lamentó que Venezuela busque «apartarse del esfuerzo colectivo para poner fin a la impunidad por los crímenes internacionales más graves».
El anuncio coincidió, además, con la destitución del fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, tras una investigación por presunta agresión sexual, votada por la Asamblea de los Estados Partes, un hecho que Caracas ha usado en el pasado para cuestionar la legitimidad del tribunal.
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