El senador republicano por Ohio James J.D. Vance, quien fue nominado en el candidato a la vicepresidencia por el Partido Republicano acompañando al expresidente Donald Trump, es un severo crítico de la política migratoria del gobierno de Joe Biden a quien responsabiliza por la crisis que se vive en la frontera con México.
En enero del año pasado, Vance, junto al representante republicano Andy Biggs (Arizona), envió una carta bicameral al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, para exigirle una respuesta a lo que denominaron “imprudente decisión de ampliar radicalmente los programas de libertad condicional” para inmigrantes en medio de una crisis fronteriza que calificaron de “histórica”.
El 5 de enero de 2023, el propio presidente Joe Biden anunció la ampliación de un programa conocido como parole humanitario donde formaban parte Ucrania y Venezuela, para agregar a Cuba, Haití y Nicaragua.
Ciudadanos originarios de esos cinco países pueden ingresar a Estados Unidos con una admisión de dos años siempre y cuando previamente el DHS autorice un patrocinador que resida legalmente en Estados Unidos y se haga responsable de sus estadías. El plan fue diseñado para ayudar en la descongestión de la frontera y reducir el cruce indocumentado.
Simultáneamente, el DHS anunció la ampliación a 1,450 entrevistas diarias bajo la aplicación móvil CBP One para aquellos extranjeros que no tienen visa. El programa otorga una cita programa en un puerto fronterizo autorizado donde los extranjeros son entrevistados. Si tienen una causa legal para permanecer en Estados Unidos, como por ejemplo una causal de asilo, sus casos son referidos a la Corte de Inmigración (EOIR) para que un juez decida sus futuros en el país. Pero si no existe una razón legal, sin devueltos o deportados de manera expedita.
“Desde el día en que asumieron el cargo, el presidente Biden y el secretario Mayorkas han erosionado deliberada y maliciosamente la seguridad fronteriza de nuestra nación”, se lee en la misiva. “Han presidido la peor crisis fronteriza que hemos visto en décadas y han tenido más inmigración ilegal que cualquier administración en la historia reciente”, indicaron.
‘Tolerancia cero’, no se menciona, pero…
El lenguaje de Vance en el tema migratorio es duro, pero elude citar directamente la política de ‘tolerancia cero’ impulsada por Trump durante su gobierno,que, entre otras medidas incluyó el Programa Permanecer en México (MPP, que obligó a miles de extranjeros a esperar en ese país la resolución de sus casos de asilo en tribunales estadounidenses).
También la cancelación de unos 350,000 cierres administrativos de deportación ordenados por jueces de inmigración en los últimos años; revisar miles de ciudadanías otorgadas en busca de estafas; restricciones a la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de países de mayoría musulmana; cancelación de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA); eliminación del Estado de Protección Temporal (TPS); y separaciones forzadas de familias en la frontera que venían en busca de asilo presentándoles cargos criminales por ingreso ilegal, siendo que la presencia no autorizada se trata de una falta de carácter civil.
Si bien Biden en los casi cuatro años que ha permanecido en la Casa Blanca insiste en que su gobierno es respetuoso del debido proceso migratorio autorizado por el Congreso y reitera que los cambios a la ley deben ser debatidos y votados por ambas cámaras del legislativo, el senador Vance asegura que la política migratoria del mandatario en turno “elude el Congreso y la ley concediendo libertad condicional a cientos de miles de inmigrantes ilegales”.
“Este es un regalo enorme para los cárteles de la droga y los traficantes de personas que matan a estadounidenses día a día y causan estragos en nuestro país”, dijo Vance en la carta”. Pero no aportó evidencias que demostraran que la política migratoria de Biden anunciada en enero del año pasado haya favorecido a los cárteles de la droga, puesto que en la lista de países beneficiarios del programa no se incluye a Mexico”.
Una amnistía que no existe
El pasado 6 de junio, Vance junto al también senador republicano por Dakota del Sur John Thune pidió a Mayorkas y al fiscal general Merrick Garland, “que suspendan el procesamiento de cualquier nuevo caso de amnistía luego de la reciente acción de la administración Biden para otorgar de facto amnistía a cientos de miles de personas cuyos casos de asilo han sido cerrados sumariamente sin una decisión”.
En la solicitud, ambos legisladores exigen que la administración Biden “proporcione respuestas sobre informes recientes que muestran que a más de 350,000 personas se les han cancelado casos de asilo pendientes sin aprobación o denegación desde 2022”.
Pero ni Vance no Thune mencionan que el cierre administrativo es una autoridad que ejercieron durante décadas los jueces de inmigración para cerrar casos de inmigrantes que llevan tiempo en Estados Unidos, tienen familias establecidas, carecen de antecedentes criminales y pagan impuestos, cuyos casos de deportación pueden ser cancelados administrativamente.
Además, los beneficiarios no están incluidos en la lista de prioridades de deportación del DHS, que solo impacta en aquellos extranjeros que constituyen una amenaza a la seguridad pública, nacional y fronteriza de Estados Unidos.
En 2018 esta herramienta fue cancelada por el entonces fiscal general, Jeff Sessions, bajo el marzo de la ‘tolerancia cero’ de Trump. Pero a mediados de julio de 2021, el fiscal general Garland revirtió la decisión de su antecesor y devolvió a los jueces de inmigración esta valiosa herramienta discrecional.
Abogados consultados por Univision Noticias en esa ocasión, indicaron que la decisión tomada por el gobierno de Biden será clave para descongestionar los tribunales de inmigración y avanzar en aquellos procesos donde el inmigrante califica para el uso de esta herramienta.
Los principales favorecidos por el cambio son aquellas personas que tienen casos de deportación y se encuentran en la fase inicial antes que haya un veredicto. El juez puede terminar el caso o cerrarlo, y enviarlo al servicio de inmigración (USCIS) para que proceda en caso de que exista una vía legal para la obtención de la residencia (green card o tarjeta verde).
Con información de Univisión
