La organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) emitió una alerta constitucional, señalando que el periodo legal para que Delcy Rodríguez permanezca como presidenta encargada de Venezuela está entrando en su etapa crítica.
Según la ONG, tras cumplirse los primeros 90 días desde su designación por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el marco legal venezolano solo permite una prórroga adicional de otros 90 días antes de que se deba declarar la falta absoluta.
PROVEA explicó que la figura de «ausencia forzosa» utilizada por el TSJ tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos no existe en la Constitución.
Sin embargo, dijo que basándose en el Artículo 234, el vicepresidente Ejecutivo solo puede suplir faltas temporales por un máximo de 180 días en total.
Al haberse agotado ya la primera mitad de ese tiempo, el cronograma constitucional obliga a tomar decisiones definitivas en el corto plazo.
La organización defensora de derechos humanos enfatizó que la Asamblea Nacional tiene la obligación de declarar la falta absoluta una vez se cumpla el tope de los 180 días.
Según la ONG, esta acción legal no es opcional y conlleva una consecuencia inmediata: la convocatoria obligatoria a nuevas elecciones presidenciales en un lapso de 30 días.
Para PROVEA, cualquier retraso o falta de pronunciamiento por parte del parlamento sería una «decisión política» deliberada para evitar que el pueblo venezolano ejerza su derecho al voto.
«El reloj constitucional corre», sentenció la ONG.
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