Por varios delitos acusará la Fiscalía General a la defensora de Derechos Humanos, Rocío San Miguel, entre ellos traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir, por su supuesta participación en la trama denominada «brazalete blanco».
El fiscal general, Tarek William Saab, ofreció la información en la noche de este lunes 12 de febrero a través de su cuenta personal de X (9:54 pm). Agregó que tanto San Miguel como su expareja Alejandro Gonzales de Canales Plaza, oficial de la Aviación venezolana, estaban siendo presentados ante el Tribunal Segundo de Control contra Terrorismo.
A Gonzales se le acusará por presunta comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares «concernientes a la seguridad de la Nación», obstrucción a la justicia y asociación para delinquir.
Para ambos se solicitará medida de privación de libertad. Según informó la ONG Provea, la audiencia de presentación de la directora de la ONG Control Ciudadano, su expareja y cuatro de sus familiares se llevó a cabo sin el acompañamiento de un abogado de su confianza.
«En comunicación reciente con los abogados de Rocío San Miguel, nos informan que a la activista no se le ha permitido la asistencia legal de su equipo de defensa de confianza, lo que constituye un nuevo abuso contra el derecho a la defensa y el debido proceso de la activista», dijo la organización defensora de DDHH.
Saab indicó que a otras cuatro personas, que no mencionó, se les solicitará medidas cautelares de presentación periódica ante el tribunal de la causa.
De acuerdo con lo informado por el representante del equipo legal de San Miguel, el abogado Juan González Taguaruco, en la tarde de este lunes, las otras personas detenidas y, que para ese entonces se desconocía su paradero, son Miranda Díaz San Miguel (hija), Miguel Ángel San Miguel Sosa (hermano), Alberto San Miguel Quigosos (hermano) y Victor Díaz Paruta (padre de Miranda).
Saab afirmó que su despacho ha actuado en «estricto apego a la normativa nacional e internacional» y en «apego a los derechos humanos». Sin embargo, Provea recordó que San Miguel «permaneció desaparecida por más de 100 horas», desde que fue detenida por cuerpos de seguridad del Estado el viernes 9 de febrero.
Con información de Tal Cual
