La exfiscal Octava del Zulia, Mairangelis Araque, se entregó a las autoridades la misma tarde de ayer, luego de que el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informara sobre la orden de aprehensión en su contra por los delitos de retraso u omisión intencional de funciones y agavillamiento.
Fuentes ligadas al caso confirmaron al medio local Versión Final la entrega de la funcionaria.
Araque permanece detenida en la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y será presentada ante los tribunales durante el día de hoy.
Según la investigación del Ministerio Público, la exfiscal habría solicitado la cantidad de 10 mil dólares al dueño de una empresa de blindaje vehicular, Jaime Ruiz Salamanca (actualmente detenido), a cambio de favorecerlo en una investigación por irregularidades en la compra de un inmueble y autorizar la entrega de tres vehículos que estaban a la orden de la Fiscalía.
Cómplice Prófuga y Patrón de Conducta
Por este mismo caso, también quedó solicitada ante el Tribunal Segundo de Control del Zulia la abogada y amiga de la exfiscal, Rotceh Vegas, quien presuntamente fue la encargada de negociar el dinero e incluso visitar al detenido en los calabozos de la PNB para pactar personalmente el monto de la extorsión.
Vegas se encuentra prófuga de la justicia.
La denuncia contra la exfiscal provino del padre del empresario Jaime Ruiz Salamanca, un hombre de 75 años, quien detalló al fiscal general las irregularidades en toda la investigación penal que ejecutó Araque contra su primogénito.
Explicó que en una inspección técnica realizada por la exfuncionaria en el taller de blindaje J&J Shield Armoring C.A., se ordenó la incautación de 13 vehículos y dos embarcaciones, muchas de las cuales no pertenecían a Ruiz Salamanca, sino a sus clientes.
Para devolver los automotores a sus dueños, Mariangelis Araque supuestamente envió a la abogada Rotceh Vegas a negociar con el detenido y con su hijo para cobrarles los 10 mil dólares, a fin de evitar que el caso pasara a los tribunales correspondientes.
Fuentes ligadas a la investigación aseguraron a Versión Final que, presuntamente, “no es el primer caso que dicha fiscal transforma un hecho o conflicto de naturaleza civil para tomar acciones en el ámbito penal.
Ella hizo lo mismo con empresas del sector de la construcción y naval en San Francisco, donde se procedió de igual forma a retener equipos marítimos y maquinarias industriales, sin tan siquiera verificar la propiedad de los mismos”.
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