Visitar, alimentar, mantener sano y trasladar a tribunales a una persona recluida en algún centro de detención preventiva de Venezuela cuesta a sus familias un estimado de 300 dólares al mes, según determinó la ONG Una Ventana a la Libertad.
Esta información fue expuesta en el informe Familia de los detenidos en los centros de detención preventiva: víctimas por parentesco”, que publicó el martes 23 de julio la ONG, que se dedica a la defensa de los derechos humanos de las personas detenidas.
El coordinador de esta ONG, Carlos Nieto Palma, detalló que los familiares de reclusos deben sortear obstáculos en un país en el que el salario mínimo equivale a menos de cuatro dólares mensuales, con el fin de cubrir sus pasajes para llegar a los recintos carcelarios.
También deben pagar a funcionarios para que les permitan ingresar comida, agua potable, medicamentos, productos de aseo personal y el precio de la gasolina de las unidades en las que serán trasladados a los tribunales.
“No solo son los guardias o custodios los que exigen dinero por todo, también los fiscales y los abogados privados piden mucho dinero y por lo general no hacen nada”, dijo un familiar a la ONG.
De la cárcel al estigma
Las dificultades no sólo están en los gastos y la cárcel, ya que, según detallaron parientes en esta investigación, cargan con un estigma en sus comunidades y lugares de trabajo. “No importa lo bien que te hayas portado siempre, esa mancha te acompañará toda la vida”, indicaron familiares consultados para la investigación.
La organización señala que 71% de los familiares entrevistados aseguraron que las visitas con sus seres queridos están rodeadas de malos olores, basura y animales rastreros.
Con información de El Pitazo