A pesar de mejoras «limitadas», el aparato represivo del Estado venezolano, responsable de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, permanece «intacto», alertó este miércoles la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela, en un nuevo informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
En su reporte sobre la situación del país en lo que va de 2026 —año marcado por la intervención estadounidense que el 3 de enero condujo a la captura del entonces presidente Nicolás Maduro—, la misión de expertos reconoce ciertos avances, pero advierte que estos no vienen acompañados de mejoras institucionales que garanticen su continuidad.
Tras el ataque militar estadounidense del 3 de enero y el arresto de Maduro, los investigadores observaron una disminución significativa de las detenciones de larga duración y de las desapariciones forzadas.
«La reducción de algunas de las formas más severas de represión es significativa, pero de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles», resumió al presentar el documento la nueva presidenta de la misión, la experta peruana Sofía Macher.
La misión indicó que continúan vigentes leyes utilizadas para criminalizar la disidencia y que los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad mantienen estructuras similares a las que operaron bajo el gobierno de Maduro.
Según el reporte, Estados Unidos encarceló a Maduro para que enfrente un juicio por cargos de narcotráfico, pero dejó en gran parte intacto su gobierno del Partido Socialista, para decepción de la oposición venezolana, que sostiene que le fueron arrebatadas las elecciones de 2024.
Pese a la baja en los casos más graves, el informe reconoce que persisten patrones de tortura y malos tratos contra detenidos políticos.
En total, la misión recibió información sobre 64 nuevos casos de tortura desde el 3 de enero, mientras cientos de personas siguen expuestas a «condiciones de detención deplorables», que en algunos casos han derivado en la muerte bajo custodia de presos por malos tratos o falta de atención médica.
La misión recibió además 64 nuevos casos de tortura desde el 3 de enero, mientras que entre 300 y 500 personas continúan detenidas por motivaciones ideológicas.
Otra fuente citada por Noticias ONU eleva la cifra: desde enero, los investigadores han recibido informes de al menos 87 nuevas detenciones por motivos políticos, lo que indica que la práctica de silenciar a la disidencia persiste bajo el Gobierno actual.
Junto al informe general sobre 2026, la misión presentará este viernes ante el Consejo de Derechos Humanos otro estudio centrado en el funcionamiento de los grupos civiles armados conocidos como «colectivos», en el que concluye que estos grupos no constituyen organizaciones marginales o periféricas dentro del entramado de control estatal.
«Mientras no se desmantelen las estructuras represivas, se garantice la independencia judicial y se investigue y sancione debidamente a los responsables de violaciones de derechos humanos, cualquier apertura seguirá siendo frágil y reversible», advirtió Macher.
El canadiense Alex Neve, quien junto a Macher y a la mexicana-argentina María Eloísa Quintero integra la misión, pidió que Estados Unidos y otros «actores influyentes» intensifiquen sus esfuerzos para promover cambios reales en materia de derechos humanos en Venezuela, aunque advirtió que esas acciones deben evitar contribuir a más violaciones de derechos humanos o facilitar la comisión de crímenes internacionales.
La Misión fue creada en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar presuntas violaciones cometidas en Venezuela desde 2014, y su mandato fue prorrogado hasta septiembre de 2026.
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