El Ministerio Público emitió este martes un informe oficial detallando las conclusiones de la investigación penal dirigida por un fiscal nacional especializado en la protección de derechos humanos, vinculada al fallecimiento de Víctor Hugo Quero Navas, quien se encontraba privado de libertad en el Centro Penitenciario Rodeo I.
Los documentos institucionales exponen los resultados científicos obtenidos tras los debidos procedimientos legales realizados por el personal experto.
De acuerdo con los datos presentados en el reporte oficial, el pasado 8 de mayo de 2026 se llevó a cabo la exhumación y la correspondiente necropsia de ley al cuerpo del fallecido.
Dichas labores fueron ejecutadas por el equipo médico forense de la Dirección de Apoyo a la Investigación Penal del Ministerio Público, en conjunto con el Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forenses (SENAMECF) y la Defensoría del Pueblo, contando además con la presencia de familiares directos y su abogado de confianza.
Los análisis histológicos y toxicológicos arrojaron una data de muerte estimada de entre 10 meses y un año, determinando que el deceso se produjo a causa de un tromboembolismo pulmonar, descartándose la existencia de lesiones traumáticas en los restos evaluados.
Para asegurar la corroboración de la identidad del fallecido, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) realizó un estudio genético a partir de una muestra de tejido óseo extraída del fémur del cadáver, contrastándola con una muestra de sangre aportada por la ciudadana Carmen Teresa Navas.
Esta evaluación científica arrojó una probabilidad estadística de filiación biológica del 99,496%, ratificando formalmente que los restos pertenecen al hijo de la mencionada ciudadana.
Durante el curso de las indagaciones penales, las autoridades también recolectaron diversos elementos de convicción mediante inspecciones técnicas, fijaciones fotográficas, reconstrucciones de los hechos y la revisión de historias clínicas.
La institución judicial enfatizó en el cierre de su pronunciamiento, fechado en la ciudad de Caracas el 2 de junio de 2026, que la totalidad de las diligencias se efectuaron en estricto cumplimiento de las normativas vigentes en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y los principios internacionales que guían la investigación de muertes potencialmente ilícitas.
Asimismo, el órgano garante de la legalidad reafirmó su compromiso constitucional de continuar supervisando de forma permanente el respeto y resguardo de los derechos humanos en los distintos centros de reclusión distribuidos en todo el territorio nacional.
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