El Ministerio Público inició una investigación penal tras la detención de cinco funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, señalados por su presunta responsabilidad en un allanamiento ilegal y actos de extorsión ejecutados contra un establecimiento de entretenimiento nocturno en el estado Lara.
De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el procedimiento se originó luego de que diversas organizaciones no gubernamentales denunciaran de forma pública la aprehensión arbitraria de al menos 33 hombres que se encontraban en el interior de un sauna regentado por la comunidad de la diversidad sexual en el barrio barquisimetano.
Ante la gravedad de los hechos denunciados el pasado sábado 30 de mayo, la comandancia de la Policía Nacional Bolivariana «activó oportunamente sus mecanismos de control interno» para proceder con la captura de los agentes implicados, quienes fueron puestos de manera inmediata a la disposición de la Fiscalía General de la República para ser presentados ante un tribunal de control en las próximas horas.
Para coordinar las actuaciones del caso, la institución judicial confirmó la designación de «la Fiscalía 21 del estado Lara, conjuntamente con la Fiscalía 98 Nacional con competencia en materia de protección de derechos humanos y diversidad de género», despachos que liderarán las averiguaciones relacionadas con el presunto abuso de poder y la ejecución de procedimientos contrarios a la ética pública.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado institucional donde ofreció acompañamiento integral y mediación a los ciudadanos afectados por el despliegue policial, estableciendo un enlace directo con la Oficina de Atención a la Víctima de Abuso Policial para vigilar el debido proceso.
Las plataformas activistas del Movimiento Somos, Caleidoscopio Humano y el Observatorio Venezolano de Violencias LGTBIQ+ manifestaron su rechazo absoluto a la acción policial, detallando que los efectivos actuaron vestidos de civil y «acusaron a las personas de ‘ejercer el delito de la homosexualidad’, según relatan las víctimas», un hecho que las organizaciones calificaron como un acto de homofobia de Estado que vulnera los derechos comerciales y criminaliza la orientación sexual en la región.
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