El comunicador Mario Silva denunció una «campaña de difusión articulada con múltiples actores y canales coordinados» que tiene como objetivo posicionar en la opinión pública la necesidad de una reforma de la Ley Orgánica del Trabajo.
Según Silva, esta estrategia busca implementar un «enfoque regresivo que privilegia los intereses del empleador mientras reduce o elimina derechos y beneficios históricos de la clase trabajadora».
El conductor de televisión señaló directamente a Conindustria, Fedecámaras y al Partido Copei como los promotores principales de este ecosistema comunicacional diseñado para «crear un clima de urgencia que fuerza decisiones legislativas».
Silva fue enfático al cuestionar la veracidad de los argumentos económicos presentados por voceros empresariales, calificándolos como una manipulación.
Citó como ejemplo las declaraciones de Luigi Pisella, quien afirmó que un aumento salarial de 10 dólares genera un costo de 250 dólares por trabajador, asegurando que se trata de «cifras exacerbadas para manipular y alarmar».
Silva recalcó que «el empresariado venezolano en este país se ha enriquecido más en revolución que en la cuarta república» y que es una «paradoja» y una «contradicción absoluta» que ahora aleguen no tener dinero para pagar salarios.
Finalmente, el comunicador advirtió que se pretende eliminar el «cálculo retroactivo de prestaciones sociales del artículo 142» bajo la narrativa de que la ley actual es insostenible.
Silva hizo un llamado a un debate nacional para enfrentar esta situación, afirmando que «la aprobación de reformas en la ley bajo coerción son inconstitucionales».
Sentenció además que una revolución radical no puede permitir que «unos pocos no pueden tener el poder económico por encima de las mayorías», pues eso no era lo que pregonaba el fallecido presidente Hugo Chávez.
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