Los cortes de electricidad continúan afectando a buena parte del interior de Venezuela, sin que las autoridades hayan logrado resolver una crisis que se arrastra desde hace más de una década, mientras Caracas se mantiene, hasta ahora, al margen de las suspensiones del servicio que sí golpean al resto del país.
Corpoelec, la estatal Corporación Eléctrica Nacional, aplica en algunas zonas del interior cortes programados bajo el esquema de «administración de carga», notificados mediante mensajes de texto con bloques de hasta cuatro o cinco horas en turnos de la mañana o la tarde.
Sin embargo, usuarios de estados como Portuguesa, Carabobo y Monagas han denunciado que estas notificaciones llegan tarde —en muchos casos después de que ya se aplicó el corte— y que la duración real no siempre coincide con lo informado.
A esos cortes programados se suman las suspensiones sin cronograma oficial, que resultan más impredecibles para los usuarios.
En ciudades como Maracaibo y Mérida estas interrupciones no anunciadas han llegado a extenderse hasta por siete horas, y en algunos sectores de Táchira han superado incluso las ocho horas continuas.
La organización Provea ha señalado que, combinando cortes programados y no programados, las suspensiones en estados del occidente pueden llegar a durar entre seis y catorce horas diarias, dependiendo de la zona.
Estas fallas afectan además servicios asociados como las telecomunicaciones y el suministro de agua.
La capital, en contraste, no figura entre las regiones incluidas en los cronogramas de racionamiento y no ha registrado cortes de electricidad en los términos que sí padece el interior.
Lo que sí experimenta con frecuencia son fluctuaciones de voltaje, conocidas popularmente como «bajones», que ponen en riesgo los electrodomésticos de los hogares, pero que no equivalen a la suspensión total del servicio.
Esa diferencia ha alimentado en redes sociales la percepción de que Caracas opera como una especie de «burbuja» frente al deterioro que padece el resto del país.
El problema no es nuevo.
La crisis eléctrica venezolana arrastra fallas estructurales vinculadas a la falta de mantenimiento e inversión en transformadores, subestaciones y líneas de transmisión, así como a la dependencia del país de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, en El Guri, que aporta cerca del 80% de la energía nacional.
El gobierno interino de Delcy Rodríguez ha respondido con distintas medidas, entre ellas un plan de ahorro energético de 45 días anunciado el 21 de marzo, sin que ello haya evitado que los cortes —programados y no programados— continúen registrándose en el interior del país.
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