La Corte Penal Internacional (CPI) advirtió que la decisión de Venezuela de retirarse del Estatuto de Roma no tendrá efectos inmediatos y que el país deberá mantener sus obligaciones de cooperación con el tribunal durante el plazo de un año que establece el propio tratado.
La CPI señaló que todavía no había recibido la notificación formal de Venezuela a través de la Oficina de Tratados de Naciones Unidas, aunque reconoció el derecho soberano de los Estados a retirarse de tratados internacionales conforme al derecho internacional.
El Gobierno venezolano anunció este viernes su decisión «firme e irrevocable» de abandonar el Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI.
El canciller Félix Plasencia justificó la salida al considerar que la Corte actúa con un «sesgo» que concentra su labor de forma «desproporcionada» en países africanos y latinoamericanos, y responde a intereses ajenos a la justicia internacional.
Horas más tarde, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, reforzó el anuncio.
Un proceso que tarda un año en concretarse
De acuerdo con el artículo 127 del Estatuto de Roma, una retirada entra en vigor un año después de que la notificación sea depositada ante Naciones Unidas.
Durante ese lapso, Venezuela seguirá vinculada al organismo y deberá cumplir las obligaciones de cooperación derivadas de investigaciones o procedimientos penales iniciados antes de esa fecha.
La CPI fue más allá de la explicación técnica y lamentó públicamente la medida.
El tribunal expresó su pesar por «cualquier decisión de abandonar el esfuerzo colectivo para poner fin a la impunidad por los crímenes internacionales más graves».
Además, precisó que la retirada no afecta las obligaciones de cooperación ya existentes por investigaciones o procedimientos penales iniciados antes de que la retirada entre en vigor, ni interrumpe el examen de cualquier asunto que la Corte ya estuviera considerando previamente.
La investigación «Venezuela I» sigue activa
El trámite de salida no detiene el expediente abierto contra el país.
La investigación de la CPI sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, iniciada por hechos ocurridos durante la represión de protestas antigubernamentales y otras denuncias de violaciones de derechos humanos, permanece abierta.
Se trata, según analistas citados por medios internacionales, del primer expediente en la historia de Latinoamérica en el que la CPI abrió una investigación formal por presuntos crímenes de lesa humanidad.
El anuncio venezolano se dio en una jornada especialmente convulsa para el tribunal de La Haya.
La notificación se produjo el mismo día en que la Asamblea de los Estados Partes de la CPI destituyó a su fiscal jefe, Karim Khan, tras una investigación por presunta agresión sexual.
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