Un juez federal determinó este miércoles que el gobierno de Donald Trump «privó claramente» del debido proceso a los cientos de venezolanos que envió en marzo a la conocida «megacárcel» de El Salvador.
El magistrado James Boasberg dictaminó que los inmigrantes, expulsados en el marco de una ley de guerra del siglo XVIII, deben tener la oportunidad de impugnar sus detenciones y las autoridades federales deben facilitar este proceso, por lo que dio al gobierno una semana para que detalle cómo piensa ofrecerles la oportunidad de hacerlo.
El juez remarcó en su fallo que el grupo fue expulsado sin la debida notificación ni el derecho a impugnar, que «ahora debe serles otorgado», escribió. Sin embargo, no ordena al gobierno que los regrese a EEUU.
La Corte Suprema ya dictaminó que se debe permitir a los inmigrantes que impugnen sus deportaciones realizadas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que fue invocada por Trump para deportar de manera expedita a presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, a la que calificó en una orden ejecutiva de «fuerza invasora».
El alto tribunal reforzó la importancia de que se garantice el debido proceso a los inmigrantes antes de su deportación y en que puedan impugnarla, algo que Trump ha dicho que no es necesario, aunque está garantizado bajo la Constitución.
Familiares y abogados de muchos de los venezolanos expulsados han negado reiteradamente tener vínculo alguno con este grupo criminal, de lo que no existe ninguna acusación formal o condena, y han criticado que no se les diera la oportunidad de defenderse de dicha acusación ante un juez.
Aunque la Casa Blanca ha asegurado siempre que todos los expulsados eran personas indocumentadas y criminales, un estudio publicado por el Instituto Cato concluyó que, tras analizar los casos de los únicos 90 inmigrantes de los que tenían suficiente información, al menos 50 de ellos habían entrado legalmente a EEUU y no habían violado ninguna ley migratoria.
Con información de Univisión Noticias