Un juez federal de Estados Unidos, James E. Boasberg, ordenó al gobierno de Donald Trump proporcionar detalles sobre la detención de inmigrantes venezolanos en una prisión salvadoreña.
Esto surge tras la deportación de aproximadamente 200 hombres en marzo, bajo una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII, una acción que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) considera ilegal.
El juez Boasberg busca determinar si Estados Unidos mantiene «custodia constructiva» sobre los detenidos, lo que permitiría ordenar su retorno. La solicitud se basa en la necesidad de aclarar el acuerdo entre EE.UU. y El Salvador, que incluye un pago de 20 millones de dólares, y las declaraciones públicas de Trump sobre su capacidad para influir en la justicia salvadoreña.
La situación se complica por la falta de claridad sobre el acuerdo y la negativa del gobierno a confirmar los términos. Además, se cuestiona la legalidad de la deportación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, ya que la Corte Suprema ha dictaminado que nadie puede ser deportado bajo esta ley sin la oportunidad de impugnar su caso en un tribunal.
El gobierno estadounidense argumenta que no tiene control total sobre los detenidos en El Salvador, ya que este país podría negarse a devolverlos. Sin embargo, el juez Boasberg insinuó que podría ordenar el retorno de los inmigrantes o su traslado a una instalación bajo control estadounidense, como la Bahía de Guantánamo, para garantizar el debido proceso.
La controversia ha generado tensiones políticas, con llamados de Trump y sus aliados republicanos para un juicio político contra el juez Boasberg, quien fue nominado por Barack Obama. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, respondió que el juicio político no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial.
