El economista Asdrúbal Oliveros analizó hoy en una entrevista para Unión Radio las severas repercusiones financieras que enfrentaría Venezuela si se cumple la orden de «bloqueo total y completo» a buques sancionados emitida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Oliveros advirtió que esta medida impacta directamente la estructura comercial del país, donde actualmente el 70 % de la producción petrolera se vende en Asia y se cobra mayoritariamente a través de criptomonedas para intentar evadir las restricciones financieras.
Según el economista, entre el 40% y el 50% de los buques que transportan este crudo ya se encuentran bajo sanción, lo que pone en riesgo inminente ingresos estatales equivalentes a unos $8,000 o $8,500 millones de dólares anuales.
Esta presión económica se produce en un contexto de máxima tensión militar, luego de que Trump confirmara que Venezuela está rodeada por la «Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica».
El mandatario estadounidense justificó el bloqueo tras designar oficialmente al Gobierno de Nicolás Maduro como una ORGANIZACIÓN TERRORISTA EXTRANJERA (FTO, por sus siglas en inglés), acusando al Gobierno de utilizar los ingresos de campos petroleros para financiar el narcoterrorismo, el tráfico de personas, asesinatos y secuestros.
Trump aseguró que este despliegue militar seguirá creciendo y que el impacto para el Gobierno de Maduro será un «choque como nada que hayan visto antes».
La Casa Blanca ha condicionado el cese de estas hostilidades a la devolución inmediata de todo el «petróleo, tierras y otros activos» que, según la administración estadounidense, fueron robados previamente a los Estados Unidos. Esta exigencia parece aludir a las expropiaciones sufridas por empresas como ExxonMobil y ConocoPhillips durante la década de 2000.
El presidente Trump reiteró que su nación no permitirá que un «régimen hostil» mantenga el control sobre estos recursos y vinculó la medida con la seguridad fronteriza, afirmando que «los criminales enviados a Estados Unidos» por el Gobierno venezolano «están siendo devueltos a su país a un ritmo acelerado».
La advertencia de Oliveros subraya la fragilidad de la economía venezolana ante este nuevo escenario de «máxima presión», ya que el cierre efectivo de las rutas hacia Asia y la interdicción de los tanqueros petroleros sancionados eliminarían la principal fuente de divisas del Estado.
Mientras el gobierno venezolano denuncia estas acciones ante la ONU como una violación al Derecho Internacional y un intento de apropiación de recursos naturales, los mercados internacionales ya reflejan la incertidumbre con un alza en los futuros del crudo.
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