El gobierno de Honduras dio por terminado el miércoles el Tratado de Extradición con Estados Unidos, bajo el cual decenas de hondureños fueron enviados a enfrentar a la justicia estadounidense, la mayoría de ellos por cargos relacionados con drogas.
Al ponerle fin al tratado de extradición, Honduras dejaría de enviar hondureños hacia Estados Unidos que son solicitados por la justicia de ese país.
Días antes, medios hondureños habían informado que recientemente el ministro de Defensa de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Leonel Hernández Aguilar, hicieron una visita a Venezuela donde se reunieron con el ministro de Defensa de ese país, Vladimir Padrino, quien es acusado por Estados Unidos de delitos vinculados al narcotráfico internacional.
La diplomática estadounidense sugirió que dicha acción es contraproducente sobre todo porque la presidenta de Honduras “está en una lucha constante contra los narcotraficantes».
La reacción de Castro a las declaraciones de Dogu, fue casi inmediata. La mandataria catracha público en su cuenta de la red social X que: “La injerencia y el intervencionismo de los Estados Unidos, así como su intención de dirigir la política de Honduras a través de su Embajada y otros representantes, es intolerable”.
Washington espera que la decisión de Castro no sea definitiva: «Instamos de manera contundente al Gobierno de Honduras a replanteársela, porque perjudicará los esfuerzos de los dos países para combatir juntos el narcotráfico y llevar a los criminales ante la Justicia».
No obstante, ha matizado que «en estos momentos, el tratado de extradición permanece vigente», independientemente de las declaraciones políticas de estos últimos días.
Con información de Versión Final
