No todo está dicho sobre la nueva «Ley de Protección de Pensiones de Seguridad Social», aprobada el martes 7 de mayo por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista.
Aunque el instrumento legal establece que la contribución especial será de entre 1% al 15% del total de los pagos realizados a los trabajadores por concepto de salario y bonificaciones de carácter no salarial, el Ejecutivo debe decidir el porcentaje que será pechado para este año 2024 y si tomará en cuenta las propuestas del sector privado.
Luego de la aprobación en primera discusión el pasado jueves 2 de mayo de la Ley de Pensiones, la AN de 2020 concedió solo tres días para la correspondiente y obligatoria consulta pública.
Es así como el lunes de esta semana los parlamentarios se reunieron con representantes de varios gremios empresariales, quienes entregaron un documento con sus recomendaciones sobre el proyecto de ley.
Una de las principales propuestas es la tasa que deberán aportar las empresas del sector privado, la cual consideran debería ser un promedio de ese 1% al 15%. La decisión de ese porcentaje que está en manos del gobernante Nicolás Maduro se revelará cuando la ley y su correspondiente reglamento sean publicados en Gaceta Oficial.
«La alícuota debería ser establecida por la Ley conforme a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en otras leyes nacionales; y no debe ser superior al 6%. La justificación de ello es que la alícuota debe ser entre moderada y baja, pues este tributo no puede ser equivalente al efecto que sería tener una nómina adicional inexistente, equivalente al porcentaje establecido como alícuota, porque una situación así no es sostenible para ninguna empresa privada, dado que el sector ha estado haciendo esfuerzos inmensos porque no se pierdan puestos de trabajo y por tratar de mejorar la remuneración de los trabajadores», se indicó en el documento.
El sector empresarial reconoce la imperiosa necesidad de contar con un sistema de Seguridad Social y una mayor garantía de los pensionados. «Éste es un propósito común en el que acompañamos al Gobierno Nacional en la formulación de políticas públicas destinadas a mejorar la calidad de vida de nuestros pensionados y jubilados». No obstante, les preocupa que este nuevo impuesto se plantee en momentos de bajo consumo y ventas, de aumento en las tarifas de los servicios públicos, del ingreso al país de productos ilegales lo que afecta al sector formal y de una excesiva presión fiscal.
Esta contribución especial se agrega a las decenas de impuestos que deben cancelar las empresas, y la cual debe ser entregada al Seniat para que éste organismo tributario a su vez lo transfiera al fondo de pensiones.
Con información de Tal Cual
