El Gobierno de Venezuela informó este lunes 20 de abril que un grupo de 51 personas ha recibido medidas cautelares sustitutivas a la privación de libertad.
Según un comunicado oficial citado por la agencia Reuters, esta decisión forma parte de los esfuerzos del Ejecutivo para «promover la paz en el país», en un contexto donde organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición han denunciado históricamente el uso de las detenciones para silenciar la disidencia política.
Aunque el comunicado estatal no reveló las identidades de los beneficiados ni especificó los expedientes correspondientes, familiares y abogados de detenidos por presunta corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) indicaron que algunos de sus clientes fueron liberados durante la última semana.
Estos procedimientos ocurren mientras la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, supervisa un proceso de amnistía tras la captura de Nicolás Maduro a inicios de este año 2026, una medida clave en el marco de la normalización de relaciones con los Estados Unidos (EE. UU.).
«Se solicitó el otorgamiento de medidas alternativas a la privación de libertad para un grupo de individuos que se encontraban detenidos por su presunta o probada participación en la comisión de delitos previstos en el ordenamiento jurídico venezolano», señaló el comunicado, confirmando que la petición fue declarada con lugar la semana pasada.
Estas medidas, según expertos legales, podrían incluir el uso de dispositivos de monitoreo electrónico, regímenes de presentación periódica ante tribunales o la prohibición de salida del país.
Pese a estos avances, la organización Foro Penal reportó este mes que al menos 485 presos políticos permanecen tras las rejas, mientras que grupos defensores de derechos humanos critican la lentitud en la aplicación de la Ley de Amnistía.
Por su parte, familiares de trabajadores detenidos en el caso denominado «PDVSA Obrero» han calificado las acusaciones como un «montaje», exigiendo que las liberaciones se extiendan a todos aquellos que consideran injustamente procesados en medio de la actual reestructuración institucional del país.
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