Gobierno de Maduro exige la «inmediata devolución» de niña venezolana separada de su madre en EE. UU.

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El Gobierno de Maduro exigió este lunes la «inmediata devolución» de Maikelys Antonella Espinoza Bernal, niña venezolana de 2 años separada de su madre por autoridades migratorias estadounidenses, calificando el hecho como un «secuestro institucional» que viola el derecho internacional.

«Fue separada de su madre en el momento en que iniciaba un vuelo de repatriación a Venezuela. Como en tantas violaciones de los derechos de nuestros migrantes y en contravención de las normas internacionales (…), incurren nuevamente en el gravísimo expediente de separar familias y sustraer a un menor de edad de su entorno afectivo, especialmente de su madre biológica», señaló la Cancillería en un comunicado.

El Gobierno rechaza lo que considera una práctica «inaceptable de separar familias». Además, denuncia que el padre de la menor «fue secuestrado» y trasladado a un centro de detención en El Salvador, bajo el «régimen» de Nayib Bukele, «sin juicio ni ninguna intervención judicial».

Venezuela compara este acto con los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, calificándolo de una «práctica deleznable» de trato inhumano hacia los ciudadanos venezolanos.

En su comunicado, subraya que, a pesar de no existir pruebas contra los ciudadanos venezolanos, se les acusa «injustamente de representar una amenaza para la seguridad de Estados Unidos».

La administración de Maduro destacó que la verdadera razón detrás de estas acciones es el hecho de «haber nacido en Venezuela» y que los responsables de estas violaciones a los derechos humanos cuentan con el apoyo de sectores de la extrema derecha.

Activará todos los mecanismos jurídicos, diplomáticos y multilaterales

En este sentido, aseguró que «recurrirá a todos los mecanismos legales, diplomáticos y multilaterales necesarios» para exigir la devolución inmediata de Maikelys Antonella Espinoza Bernal.

Venezuela exige que se «respeten las leyes internacionales» y que la niña regrese sana y salva a su país para reunirse con su familia.

«Exigimos la devolución inmediata de Maikellys a la República Bolivariana de Venezuela y que se restituya el estado de derecho y las prerrogativas elementales que nuestra pequeña niña tiene, como lo establece la Declaración Universal de los Derechos del Niño: «derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; a la identidad; a vivir en familia; a la igualdad y no discriminación; a la educación; a la salud; a la recreación y esparcimiento; y a la protección contra el abuso, la explotación y la violencia», reza el texto.

DHS los vincula con el Tren de Aragua

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos informó el sábado que la niña fue retirada de la custodia de sus padres, quienes, según el DHS, estarían vinculados con la organización criminal Tren de Aragua.

Según el reporte, Maikel Espinoza-Escalona, padre de la niña, «era teniente de la organización y estaba acusado de supervisar homicidios, tráfico de drogas, secuestros y operar una casa de torturas».

Ademas, señala que la madre, Yorely Escarleth Bernal Inciarte, «habría reclutado mujeres para redes de prostitución y narcotráfico. Ambos ingresaron ilegalmente a Estados Unidos y contaban con órdenes de deportación».

El DHS, en coordinación con el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), decidió excluir a la niña del proceso de deportación por razones de seguridad. Actualmente, la menor se encuentra bajo la custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) y vive con una familia de acogida.

«Debido a las actividades criminales violentas de los padres, que incluyen tráfico sexual y operación de centros de tortura, retiramos a la menor de su custodia. No permitiremos que sufra abusos», declaró un alto funcionario del DHS bajo condición de anonimato.

La administración de Donald Trump, por su parte, destacó que en menos de 100 días, «ha reunificado» a 5,000 menores no acompañados con sus familiares o tutores legales, y Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, enfatizó que continuarán sus acciones para «proteger a menores de explotación sexual y crimen organizado».

Con información de El Cooperante

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