La victoria demócrata en las elecciones intermedias del 3 de noviembre abre una etapa de mayor fiscalización del Congreso sobre la política de la administración de Donald Trump hacia Venezuela.
Sin embargo, analistas coinciden en que el control de la política exterior sigue en manos del Ejecutivo y que los cambios concretos serían limitados.
Según los resultados y proyecciones disponibles, los demócratas recuperan la Cámara de Representantes y también el Senado. Asumirían el control de ambas cámaras cuando se instale el nuevo Congreso, el 3 de enero de 2027.
Con la mayoría, los demócratas podrán convocar audiencias, citar a funcionarios, exigir documentos, condicionar el presupuesto y bloquear nombramientos.
Venezuela aparece entre los temas probables de investigación, especialmente desde la operación militar estadounidense del 3 de enero y el acuerdo con el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.
El foco principal sería el acuerdo petrolero firmado con la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP), con vigencia de 25 años y que abarca 17 campos.
En octubre, cinco demócratas de la Cámara amenazaron con citar a la administración si no se hacía público el contrato.
Alegaron que, tras una reunión a puerta cerrada el 14 de septiembre, no recibieron el texto completo del pacto.
Dos de los demócratas de mayor rango de la Cámara enviaron además una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario de Guerra, Pete Hegseth.
En ella piden documentación completa y preguntan qué concesiones políticas o democráticas obtuvo Washington de las autoridades venezolanas a cambio del acuerdo, incluyendo compromisos sobre una fecha de elecciones.
También cuestionan la intervención de altos funcionarios estadounidenses en el caso penal suizo contra el empresario Alejandro Betancourt.
Otro frente sería el manejo de los recursos y fondos venezolanos, con posibles exigencias de auditorías y explicaciones sobre su destino. Analistas también apuntan a que los demócratas podrían presionar por un calendario electoral para Venezuela.
Los especialistas advierten que las audiencias, las cartas y las solicitudes de información no revocan por sí solas licencias petroleras ni anulan contratos.
Hasta ahora, ni siquiera los demócratas críticos del acuerdo han presentado legislación para ponerle fin.
El principal control formal del Congreso, la Resolución de Poderes de Guerra, ya fracasó en dos ocasiones y Trump ha prometido vetarla si llega a su escritorio, y superar un veto requeriría dos tercios de ambas cámaras, una mayoría que los demócratas no tienen.
Además, la crítica al pacto no es exclusivamente demócrata. La congresista republicana María Elvira Salazar cuestionó que el acuerdo se hiciera con Rodríguez al frente del país y pidió elecciones libres, y se ha descrito una posición bipartidista de “acuerdo petrolero sí, pero no con Delcy Rodríguez al mando”.
Rubio ha defendido el pacto.
Lo calificó como una “gran victoria” para Estados Unidos y la región y como clave para la recuperación económica y la transición democrática en Venezuela.
Aclaró que el entendimiento es con una empresa privada y no con el gobierno interino, y defendió el derecho de la líder opositora María Corina Machado y otros políticos exiliados a regresar y participar en la vida política del país.
Trump, por su parte, ha afirmado que Estados Unidos obtiene “cientos de millones de dólares” de Venezuela por el acuerdo.
Analistas señalan que la derrota podría provocar cambios en el equipo de política exterior de Trump y elevar el costo político de su estrategia hacia Caracas.
También consideran que, con más obstáculos en su agenda interna, el presidente podría concentrarse en el escenario internacional y buscar consolidar el proceso venezolano como un logro de su gestión.
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