Los gobiernos de Panamá y Estados Unidos firmaron el lunes 1 de julio un memorando de entendimiento (MOU) en el que la administración estadounidense «se compromete a cubrir el gasto de la repatriación» de migrantes por Darién, la frontera natural con Colombia que es empleada por cientos de personas a diario en su camino hacia Norteamérica, según informaron las autoridades.
«En el acuerdo firmado hoy por el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, y el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, el Gobierno estadounidense se compromete a cubrir el gasto de la repatriación de los inmigrantes que entren ilegalmente por Darién», adelantó en un comunicado la oficina del nuevo presidente panameño, José Raúl Mulino, que tomó posesión del cargo el lunes.
Este MOU sobre «asistencia y cooperación» en asuntos migratorios «permitirá cerrar el paso de inmigrantes ilegales por Darién, un tema que se convirtió en una grave crisis humanitaria».
El texto del acuerdo, según la nota, indica que se busca «apoyar a Panamá con equipos, transporte y logística de extranjeros detectados dentro de los flujos migratorios en contravención de las leyes migratorias de Panamá», que estarán «sujetos a medidas administrativas migratorias de conformidad con el derecho panameño».
Fin al tráfico de personas
Panamá, por su parte, se comprometió en el MOU «a cumplir con todos los acuerdos y convenios internacionales sobre los derechos de los inmigrantes y aquellos en condición de refugiados».
«El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, está comprometido en resolver la crisis del Darién y terminar con el negocio ilegal de trata de personas», concluye el comunicado.
Poco antes de hacerse público el anuncio, Mulino había afirmado ya durante su discurso de investidura que «Panamá no será más un país de tránsito para los ilegales».
«No permitiré que Panamá sea un camino abierto a miles de personas que ingresan ilegalmente a nuestro país, aupadas por toda una organización internacional relacionada con el narcotráfico y el tráfico de personas. Ese dinero, producto de lucrar de la desdicha humana, es un dinero maldito», sostuvo Mulino.
Repatriación rápida
Mulino añadió que Panamá no puede «seguir financiando el costo económico -que situó en el pasado en 100 millones de dólares anuales- y social que la inmigración irregular masiva genera al país con la consiguiente vinculación de organizaciones criminales internacionales, que generan inseguridad internacional y obligan» a los agentes de seguridad panameños «a descuidar nuestra seguridad territorial y marítima en otros puntos del país».
Con información de El Pitazo
