Las autoridades migratorias en Denver detuvieron a Ender José Roa Contreras, un ciudadano venezolano de 29 años, acusado de ser miembro del Tren de Aragua, una organización criminal transnacional.
Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Roa Contreras fue arrestado el 19 de febrero y se encontraba en posesión de un arma de fuego ilegal. ICE indicó en un comunicado que la captura es parte de los esfuerzos para “eliminar las amenazas a la seguridad pública de nuestras comunidades”.
Este arresto ocurre en un contexto de intensificación de operativos migratorios en Colorado, donde en las últimas semanas casi 100 presuntos miembros del Tren de Aragua han sido detenidos en el área metropolitana de Denver.
Las autoridades han redoblado sus esfuerzos contra esta organización, la cual ha sido clasificada como una banda criminal por el gobierno de Estados Unidos.
La declaración oficial del Tren de Aragua como un grupo criminal organizado podría acelerar los procesos judiciales y de deportación de sus miembros identificados en territorio estadounidense.
En algunos casos, las autoridades han contemplado la posibilidad de remitir a los detenidos a la base militar de Guantánamo, como ha sucedido con otros migrantes considerados de alta peligrosidad.
Además de las detenciones, las medidas contra esta organización han generado una discusión sobre la precisión de los datos oficiales. Un informe reciente de la Universidad de Syracuse ha revelado inconsistencias en los registros de detenciones de ICE, señalando que algunas personas arrestadas no cuentan con antecedentes criminales. Esta situación ha despertado preocupaciones entre organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre posibles arrestos indiscriminados y la falta de garantías procesales para algunos migrantes.
Las detenciones masivas continúan generando tensión en las comunidades migrantes, en particular en Denver, donde la percepción de redadas indiscriminadas ha aumentado la preocupación entre las familias inmigrantes.
Mientras las autoridades insisten en que sus acciones están dirigidas exclusivamente contra delincuentes peligrosos, organizaciones locales demandan transparencia en el proceso y garantías para aquellos migrantes sin antecedentes penales.
Con información de Versión Final
