La vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, denunció hoy lo que calificó como un “vulgar despojo” de la empresa Citgo Petroleum Corporation.
«El Gobierno de Venezuela y Pdvsa fueron intencional e ilegalmente excluidos del proceso, gracias al tráfico de influencias del Gobierno estadounidense en tribunales de ese país, impidiendo ejercer el derecho a la defensa bajo la grosera excusa del desconocimiento del legítimo gobierno venezolano, la cual fue especialmente diseñada para robar activos estratégico a nuestros país», dijo.
La declaración fue emitida en medio de la controversia por las acciones judiciales y administrativas que se llevan a cabo en Estados Unidos (EE. UU.) para intentar subastar el activo venezolano.
Rodríguez criticó la postura de la oposición, a la que vincula con las acciones legales que han permitido a acreedores reclamar la filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en territorio estadounidense.
«Son los mismos que permanentemente han tratado de derrocar al gobierno de Venezuela para entregarle nuestros recursos a agentes extranjeros… Gente del Petróleo, causantes del golpe de Estado contra el comandante Hugo Chávez», agregó.
La denuncia se alinea con la propuesta hecha por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, de retirar la nacionalidad a figuras opositoras a quienes considera responsables del “robo de Citgo”.
Citgo es un activo de valor estratégico y financiero para Venezuela.
La empresa opera tres refinerías en EE. UU. con capacidad para procesar cerca de 769.000 barriles de petróleo al día, además de una extensa red de oleoductos y estaciones de servicio.
El proceso judicial que denuncia el gobierno de Maduro se lleva a cabo en un tribunal de Delaware, EE. UU., el cual autorizó la subasta de las acciones de Citgo para pagar a los acreedores que poseen sentencias pendientes contra la República de Venezuela.
Entre los principales reclamantes figura la minera canadiense Crystallex, que busca recuperar una indemnización por la expropiación de sus activos en Venezuela.
La subasta es vista por el gobierno venezolano como un intento de apropiación ilegal del patrimonio de la nación bajo la figura de una venta judicial forzosa.
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