Pese al proceso de diálogo entre el gobierno interino de Delcy Rodríguez y sectores de la oposición, con la mediación de Estados Unidos, organizaciones de derechos humanos y dirigentes políticos continúan denunciando detenciones de figuras opositoras y activistas en distintos puntos del país.
Dos casos ocurridos en las últimas dos semanas ilustran esta tendencia: el del exalcalde de Carora, Javier Oropeza, y el del defensor de derechos humanos Óscar Morales.
El caso de Javier Oropeza
El exalcalde del municipio Torres Javier Oropeza fue detenido la tarde de este jueves por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) al salir de las instalaciones del diario El Informador, en Barquisimeto, donde había concedido una entrevista.
La detención se produjo apenas 48 horas después de que Oropeza regresara a Venezuela, tras un exilio de más de dos años que lo llevó primero a Colombia y luego a España. Su retorno se dio después de comparecer ante un tribunal en Caracas, en un proceso que —según explicó él mismo a su llegada— culminó con el sobreseimiento de las causas judiciales que enfrentaba por los hechos ocurridos en Carora tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, luego de acogerse a la Ley de Amnistía.
Dirigentes como Juan Pablo Guanipa denunciaron el hecho horas después de ocurrido y exigieron su liberación inmediata, mientras la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) cuestionó que Oropeza haya sido detenido nuevamente apenas un día después de haber recibido el sobreseimiento de su causa.
El caso de Óscar Morales
Días antes, el 12 de septiembre, el defensor de derechos humanos Óscar Morales López, de 56 años, había sido interceptado en la parroquia La Candelaria de Caracas y trasladado a la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Maripérez, tras participar el día anterior en una movilización convocada por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).
Esa protesta buscaba llegar hasta las inmediaciones del Palacio de Miraflores para exigir respuestas sobre las excarcelaciones anunciadas y reclamar la libertad de personas detenidas por motivos políticos.
De acuerdo con organizaciones y testigos, hombres sin identificación visible obligaron a Morales a subir a un vehículo sin placas, lo que generó alarma entre sus familiares al desconocerse durante horas su paradero.
El activista fue liberado ese mismo sábado, tras confirmarse que había permanecido bajo custodia de la PNB.
El trasfondo: una mesa de diálogo con la libertad como punto pendiente
Ambos casos se producen en medio del proceso de negociación entre el gobierno de Rodríguez y representantes de la oposición, facilitado por Estados Unidos, cuya segunda fase arrancó este jueves con la libertad de expresión y las garantías civiles y políticas como parte de la agenda.
Organizaciones como Clippve han insistido en que, más allá de los anuncios de excarcelaciones y de la apertura de espacios de diálogo, persisten más de 400 casos de personas detenidas por razones políticas en el país, y han exigido la conformación de una mesa de trabajo específica sobre el tema con la participación del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y otras instituciones del Estado.
Hasta el momento, ninguna autoridad venezolana se ha pronunciado oficialmente sobre la detención de Oropeza, mientras que el caso de Morales quedó cerrado con su liberación, sin que tampoco mediara una explicación oficial sobre los motivos de su traslado a la sede policial de Maripérez.
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