En 2005 Carlos Andrés Pérez ya sumaba 83 años y su nombre era centro de todo ataque por parte de Hugo Chávez, aún en medio de su primer mandato constitucional como presidente de Venezuela bajo la nueva Constitución aprobada en 1999. Su figuración pública era poca, mínima, pero sus posiciones, firmes.
Hace 19 años, Víctor Amaya buscó que el expresidente dejara por sentado si él creía que el «Caracazo» ocurrido el 27 de febrero de 1989 había sido un estallido social espontáneo, producto de una apremiante situación económica y que encontró en los aumentos del transporte público la mecha para el polvorín, o el resultado de una conspiración de sectores radicales de izquierda, como sugerían ya varios actores.
La interrogante aún hoy no ha logrado ser respondida con total certeza, entre tantas lecturas interesadas, heroísmos a posteriori y evaluaciones del papel jugado por distintos sectores sociales. Incluso Carlos Andrés Pérez admitía entonces, cuando se cumplían poco más de tres lustros desde los sucesos, que sus propias consideraciones al respecto habían mutado.
En una de sus respuestas de aquella declaración por escrito de 2005, dijo: «El 27 de febrero fue un dia terrible para Venezuela y para mi gobierno que se estaba instalando ese mismo mes . Cuando fui entrevistado hace 16 años dije que el ‘Caracazo’ fue un estallido social, por la situacion que se vivia entonces en Caracas, pero al transcurrir el tiempo me di cuenta que se trataba realmente de una conspiración que estaba en marcha desde entonces contra mi gobierno y contra Venezuela. El propio Chavez ha confesado que desde años atrás venía planeando con otros oficiales subversivos el derrrocamiento del sistema democrático del país».
En las respuestas, enviadas por correo electrónico desde Miami y gracias a gestiones de Cecilia Matos, Pérez negaba que su paquete económico hubiese detonado los sucesos que entonces se llamaron «El Sacudón» y dejaron, oficialmente, 276 muertos aunque se ha hablado de más de 3.000 víctimas mortales. «De ninguna manera», zanjaba tajante.
El recién electo presidente anunció aquel mes de febrero de 1992 una serie de medidas económicas que acabarían siendo conocidas como el paquetazo. Se trató de un plan acordado con el Fondo Monetario Internacional que exigía grandes ajustes macroeconómicos, e incluía recortes de gastos y aumentos de las tarifas de los servicios públicos.
«El paquete económico no fue la causa del llamado estallido social ya que mi gobierno apenas tenía días en funciones. El llamado estallido social fue simplemente el inicio de una acción subversiva que se venía gestando y que hoy vemos en qué está derivando», respondía Pérez en 2005.
En aquella oportunidad, también fue consultada la voz del exministro de la Defensa Italo del Valle Alliegro, señalado desde entonces como uno de los responsables de haber «disparado contra el pueblo». No quiso responder pregunta alguna. Pero Carlos Andrés Pérez comentaba sus decisiones y admitía las consecuencias.
«Hice traer tropas a Caracas para garantizar el orden en la Capital, ya que los hechos habia desbordado la capacidad de la policía para contenerlos. Fue una decisión difícil de tomar porque los militares no están preparados para manejarse en situaciones de desbordamiento del orden público y el riesgo de incurrir en excesos era grande, lo cual sin dudas desgraciadamente ocurrió».
Las protestas dejaron 276 muertes según la cifra oficial reconocida por el Ministerio Público. No obstante, organizaciones de derechos humanos reportaron que al menos hubo 3.000 víctimas como consecuencia de la represión y ejecuciones extrajudiciales perpetradas por parte de la policía, la Guardia Nacional y el Ejército, durante el período de suspensión de garantías decretado por el gobierno de Pérez. Es decir, de acuerdo con organizaciones defensoras de derechos humanos, el 90% de las víctimas de estos hechos no murieron durante las protestas sino en el período de suspensión de garantías constitucionales que se extendio a partir de ese día, a causa del uso desproporcionado de la fuerza pública. Hasta ahora, ninguna persona ha sido castigado por esta masacre. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia condenatoria del Estado venezolano. La impunidad se mantiene.
No obstante, Pérez dejaba claro que nada justificaba haberle entregado el poder al militar golpista.
Con información de Tal Cual