Daniel González, un inmigrante venezolano en Estados Unidos, vive con el miedo constante de ser señalado y detenido por las autoridades migratorias, una preocupación que se está volviendo norma entre los venezolanos que son acusados de pertenecen a la peligrosa banda transnacional, Tren de Aragua.
Su preocupación no es única. Como él, miles de venezolanos en el país temen ser injustamente vinculados al crimen organizado, especialmente tras las recientes deportaciones de presuntos miembros de la pandilla a El Salvador.
“Yo soy venezolano. Tengo miedo de que puedan venir por mí y decir que tengo tatuajes”, confiesa González a CNN.
El hombre llegó a EE.UU. hace siete años y cuenta con un Estatus de Protección Temporal (TPS). Desde hace meses, lleva consigo en todo momento sus documentos migratorios, temiendo que un simple operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo coloque en una situación de riesgo, pese a su estatus legal.
La incertidumbre se intensificó tras la deportación, el pasado 16 de marzo, de 238 venezolanos a El Salvador, bajo acusaciones de pertenecer al Tren de Aragua.
Los deportados fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel de máxima seguridad impulsada por el presidente Nayib Bukele. Sin embargo, sus familiares denuncian que muchos de ellos no tienen vínculos criminales y que fueron enviados sin juicio ni pruebas concluyentes.
El gobierno de Donald Trump defiende las deportaciones, invocando la Ley de Enemigos Extranjeros para acelerar los procesos. “Son realmente malas personas”, afirmó el presidente, desmintiendo que su administración haya cometido errores en las deportaciones. ICE, por su parte, aseguró haber realizado investigaciones “cuidadosas” antes de expulsar a los venezolanos.
Sin embargo, la comunidad migrante siente el peso de la estigmatización. La activista Adelys Ferro, directora del Venezuelan American Caucus, advierte que el miedo es generalizado.
“Desde que empezó la campaña electoral de Trump, los ataques se dirigieron especialmente a la comunidad venezolana, sin discriminar”, explica.
Asegura que muchos desarrollan ansiedad, crisis nerviosas y ataques de pánico debido a la incertidumbre. Su organización intenta brindar apoyo psicológico, pero la cantidad de casos ha desbordado sus recursos.
El impacto de las políticas migratorias también es tangible en el ámbito laboral y social. Charlotte Nava, una electricista venezolana en California, admite que su vida cambió drásticamente.
“Ahora evito ciertos lugares. Trato de estar en casa lo más posible”, dice.
En Florida, Susana Pérez enfrenta la angustia de una posible separación de su madre, beneficiaria del TPS, cuyo plazo vence en abril. “Es increíble cómo en solo unos meses todo puede dar un vuelco tan drástico”, lamenta.
En Tennessee, Nassi, un bailarín venezolano con permiso temporal de trabajo hasta el 7 de abril, vive atrapado en el miedo.
Sus tatuajes, que incluyen notas musicales y las huellas de su mascota fallecida, lo convierten en un blanco potencial para los organismos policiales.
Las medidas adoptadas por la administración Trump dejan a más de 1,2 millones de venezolanos en situación de indocumentación tras la eliminación del TPS, el parole humanitario y la aplicación CBP One.
Muchos de ellos llegaron en busca de refugio tras huir de la crisis en su país. Ahora, sin un consulado que los represente en EE.UU., están en una situación de vulnerabilidad extrema.
Elizabeth Uribe, abogada de inmigración, recomienda a los venezolanos conocer sus derechos y buscar asesoría legal.
Con información de Versión Final
