La corte suprema de Brasil analizará si juzga al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, imputado el martes por intento de golpe de Estado en 2022, un anuncio que sacudió a la mayor democracia latinoamericana.
La Procuraduría General de la República (PGR) presentó cargos contra Bolsonaro y 33 colaboradores, incluidos exministros y altos rangos militares, por incitar y ejecutar actos contra el estado de Derecho.
Y acusó al expresidente, líder de la derecha opositora en Brasil, de liderar la organización criminal, que también barajó un plan para matar al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.
El exjefe de Estado (2019-2022), de 69 años, fue acusado principalmente de «golpe de Estado», «tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho» y «organización criminal armada» para impedir la asunción de Lula tras las elecciones de fines de 2022.
De ser hallado culpable por estos delitos puede enfrentarse a hasta 40 años de prisión, de acuerdo con el Código Penal.
Hasta ahora, no hubo reacción a las acusaciones del gobierno del presidente Lula, que recibe este miércoles al primer ministro portugués, Luis Montenegro, en el palacio de Planalto, en Brasilia.
La defensa del expresidente se mostró «asombrada» e «indignada» por una «denuncia inepta»: «No se encontró ningún elemento que conectase mínimamente al presidente con la narrativa construida», señalaron sus abogados en una nota.
Bolsonaro, que niega las acusaciones y se considera un «perseguido» por la justicia, se había adelantado al anuncio de la fiscalía el martes, al declarar en Brasilia que no tenía «ninguna preocupación» por la posibilidad de ser inculpado.
El ultraderechista está inhabilitado hasta 2030 por haber mentido sobre el sistema de votación. Pero confía en revertir su situación y presentarse a las elecciones de 2026, con la ayuda, dijo, de su aliado, el presidente estadounidense, Donald Trump.
– La asonada, «último intento» –
Entre los imputados figuran también el exministro de Defensa y candidato a vicepresidente con Bolsonaro, Walter Braga Netto; el exdirector de inteligencia Alexandre Ramagem, el excomandante de la Marina Almir Santos, el exministro de Justicia Anderson Torres, y Mauro Cid, ex mano derecha del expresidente, quien tiene un acuerdo de colaboración premiada.
Según la fiscalía, la organización tenía el objetivo de «no dejar el poder, o volver a él, por la fuerza, amenazada o ejercida, contrariando el resultado de la voluntad popular en las urnas».
En concreto, Bolsonaro discutió la elaboración de un «decreto presidencial» que justificaba la necesidad de un «estado de defensa» para evaluar la validez del proceso electoral.
Sostiene que la trama golpista no se consumó por falta de apoyo institucional de los altos mandos del Ejército.
La Fiscalía también afirmó que Bolsonaro tuvo «conciencia» y «aceptó» un plan llamado «Puñal verde amarillo» de miembros de las fuerzas armadas que preveía el asesinato de Lula.
Los acusados hicieron «un último intento» el 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes de Bolsonaro atacaron las sedes de los poderes estatales en Brasilia, «incentivados» por el expresidente y sus colaboradores, dijo.
La imputación, basada en una investigación de la policía de más de dos años, queda en manos de la corte suprema.
El juez a cargo, Alexandre de Moraes, debe abrir un plazo para que la defensa plantee posibles cuestionamientos, antes de analizar los argumentos de las partes. Luego la corte determinará si los imputados pasarán a ser juzgados.
Expertos legales esperan que Bolsonaro lleve adelante el proceso en libertad.
«No vislumbro la posibilidad de que sea preso, porque no parece presentar ninguno de los requisitos de una prisión preventiva (…) Debe responder al proceso en libertad», dijo a la AFP el abogado penalista Leonardo Pantaleao.
Con información de AFP
