El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo el viernes que revocará las protecciones legales para cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, lo que abre la posibilidad de que sean deportados en aproximadamente un mes.
La orden se aplica a unas 532.000 personas de los cuatro países que llegaron a Estados Unidos desde octubre de 2022. Llegaron con patrocinadores financieros y se les otorgaron permisos de dos años para vivir y trabajar en Estados Unidos. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, manifestó que perderán su estatus legal el 24 de abril, o 30 días después de la publicación del aviso en el Registro Federal.
La nueva política afecta a personas que ya están en Estados Unidos y que llegaron con permisos condicionales humanitarios. La medida se anunció tras una decisión anterior del gobierno del presidente Donald Trump de poner fin a lo que llamó el «abuso generalizado» del permiso condicional humanitario, una herramienta legal que los presidentes han utilizado por mucho tiempo para permitir que personas de países en guerra o con inestabilidad política ingresen y vivan temporalmente en Estados Unidos.
Durante su campaña, Trump prometió deportar a millones de personas que están ilegalmente en Estados Unidos, y como presidente también ha estado terminando con las vías legales para que los inmigrantes vengan a Estados Unidos y se queden.
El Departamento de Seguridad Nacional señaló que las personas que cuentan con un permiso humanitario, pero carecen de una base jurídica para permanecer en Estados Unidos “deben irse” antes de que expire su permiso.
“El permiso humanitario es inherentemente temporal, y el permiso por sí solo no es una base subyacente para la obtención de cualquier estatus de inmigración”, de acuerdo con el departamento.
Antes de la nueva orden, los beneficiarios del programa podían permanecer en Estados Unidos hasta que expirara su permiso humanitario, aunque el gobierno federal había dejado de procesar sus solicitudes de asilo, visas y otras peticiones que podrían permitirles quedarse más tiempo.
La decisión del gobierno ya ha sido impugnada en los tribunales federales.
Un grupo de ciudadanos estadounidenses e inmigrantes demandó al gobierno de Trump por terminar con el permiso condicional humanitario y quiere que se reinstauren los programas para las cuatro nacionalidades.
Abogados y activistas criticaron la decisión del gobierno.
La medida del viernes “va a causar un caos innecesario y angustia a familias y comunidades de todo el país”, afirmó Karen Tumlin, fundadora y directora de Justice Action Center, una de las organizaciones que presentaron la demanda a finales de febrero. Señaló que se trataba de una acción “imprudente, cruel y contraproducente”.
El gobierno del expresidente Joe Biden permitió que hasta 30.000 personas al mes de los cuatro países vinieran a Estados Unidos por dos años con posibilidad de trabajar. Convenció a México de aceptar el mismo número de migrantes de esos países porque Estados Unidos podía deportar a pocos, si es que a alguno, a sus hogares.
Cuba generalmente aceptaba alrededor de un vuelo de deportación al mes, mientras que Venezuela y Nicaragua no aceptaron ninguno. Los tres son adversarios de Estados Unidos.
Haití aceptó muchos vuelos de deportación, especialmente después de un aumento de migrantes del país caribeño en la pequeña ciudad fronteriza de Del Rio, Texas, en 2021. Pero Haití ha estado en constante agitación, obstaculizando los esfuerzos de Estados Unidos.
Desde finales de 2022, más de medio millón de personas han llegado a Estados Unidos amparados en dicha política, también conocida como CHNV. Fue parte del enfoque del gobierno de Biden para alentar a las personas a venir a través de nuevos canales legales mientras se rechazaba a aquellos que cruzaban la frontera ilegalmente.
Con información de AP
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