Argentina denunció este martes, 3 de diciembre, en el marco de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma, celebrada en La Haya, el asedio sufrido a su embajada en Caracas por el Gobierno de Nicolás Maduro.
Durante su intervención, el embajador argentino, Mario Javier Oyarzábal, llamó a la Corte Penal Internacional (CPI) a actuar con «determinación» ante los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
“La situación en Venezuela exige una atención inmediata. Lamentamos profundamente la falta de avances sustantivos en las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía”, manifestó Oyarzábal.
El representante detalló que la misión diplomática ha sido objeto de asedio por fuerzas policiales y actores armados no identificados, en represalia por haber ofrecido asilo a personas cuya integridad estaba en riesgo por razones políticas. Según explicó, Brasil ha asumido la protección de la sede y de los asilados allí presentes, pero enfatizó que es “imperativo” que se respete la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y se otorguen salvoconductos para garantizar la salida segura de los refugiados.
El diplomático argentino subrayó que, tras las elecciones del pasado 28 de julio, la situación en Venezuela ha empeorado significativamente. “Venezuela no puede considerarse un Estado de Derecho (…) Las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y las violaciones graves de derechos fundamentales requieren investigaciones rigurosas e integrales que estén a la altura de las expectativas de justicia internacional”, afirmó.
“Exhortamos a la CPI a actuar con determinación para asegurar que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la justicia. La impunidad no solo perpetúa el sufrimiento de las víctimas, sino que también erosiona los fundamentos del orden jurídico internacional”, concluyó Oyarzábal.
Con información de El Pitazo
