En una sesión extraordinaria celebrada este lunes 22 de diciembre, el parlamento venezolano aprobó por unanimidad, en primera discusión, el Proyecto de Ley para Garantizar las Libertades de Navegación y Comercio frente a la Piratería, Bloqueos y otros Actos Ilícitos Internacionales.
El instrumento legal surge como respuesta directa al bloqueo naval impuesto por los Estados Unidos y busca castigar severamente a quienes colaboren con el asedio extranjero.
El diputado Giuseppe Alessandrello, encargado de presentar la norma, explicó que el texto contempla penas de 15 a 20 años de cárcel para aquellas personas que promuevan o faciliten el secuestro de embarcaciones y mercancías venezolanas.
La normativa, que consta de 11 artículos, también establece sanciones económicas devastadoras para quienes infrinjan la ley.
Las multas podrían oscilar entre 100.000 y 1.000.000 de veces el tipo de cambio de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV). Durante el debate, el presidente del órgano legislativo, Jorge Rodríguez, denunció que las acciones de la administración de Donald Trump en el Mar Caribe constituyen una «práctica pirata moderna» y advirtió que el silencio ante estos hechos convierte a los actores internos en «cómplices» de la agresión contra la soberanía nacional.
El proyecto de ley fue remitido de inmediato a una fase de consulta pública con carácter de urgencia, y se espera que su segunda discusión y aprobación definitiva se realicen este martes 23 de diciembre.
Con esta medida, el gobierno de Nicolás Maduro busca blindar legalmente las operaciones comerciales y energéticas del país ante las recientes incautaciones de buques petroleros.
La Asamblea Nacional (AN) enfatizó que este marco jurídico se sustenta en tratados internacionales como la Convención de Ginebra sobre la Alta Mar, con el fin de proteger el abastecimiento de alimentos y combustibles para la población venezolana.
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