La noche del 5 de junio de 2025, la violencia sacudió nuevamente a la política local en México con el asesinato del presidente municipal de Tacámbaro, Michoacán, Salvador Bastida García, y uno de sus escoltas.
El ataque ocurrió cuando Bastida García regresaba a su domicilio, ubicado en la calle Fuerte de Loreto, en la colonia Centro, poco antes de la medianoche, momento en que fue emboscado por hombres armados.
Según los informes iniciales, el presidente municipal resultó gravemente herido y fue trasladado de inmediato al hospital María Zendejas, donde, a pesar de los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento.
En el lugar del atentado, y a bordo de la camioneta doble cabina en la que viajaba Bastida García, también perdió la vida el policía de la Guardia Civil, Pastor Cortez Álvarez, quien cumplía funciones de escolta.
Hasta el momento, las autoridades no han reportado detenciones relacionadas con este doble homicidio, lo que agrava la preocupación por la impunidad en estos crímenes.
Este trágico suceso se suma a una alarmante lista de asesinatos de funcionarios y políticos en México, un fenómeno que ha marcado los procesos electorales y la administración pública en el país durante años.
La violencia política es una constante preocupación en diversas regiones, especialmente en estados como Michoacán, Guerrero, Veracruz, Guanajuato y Oaxaca, donde la presencia del crimen organizado y la disputa por el control territorial a menudo se traducen en ataques directos contra figuras públicas.
Estadísticas recientes revelan que un número significativo de alcaldes, exalcaldes y aspirantes a cargos públicos han sido víctimas de homicidios dolosos.
La mayoría de estos ataques se perpetran con armas de fuego y en muchos casos, los agresores operan con una planificación logística considerable, estudiando las rutinas de sus objetivos.
Los domicilios y las vías públicas son, lamentablemente, los lugares más comunes donde se perpetran estos crímenes.
La recurrencia de estos hechos subraya la vulnerabilidad de los gobiernos municipales, que a menudo se encuentran en la primera línea de confrontación con grupos criminales, con recursos limitados y en ocasiones, sin la capacidad de sus cuerpos de seguridad para enfrentar la amenaza.
El Gobierno municipal de Tacámbaro ha expresado públicamente su consternación y ha solicitado el apoyo de las instituciones federales y estatales para el pronto esclarecimiento de este «doloroso acontecimiento» y para que se haga justicia.
Asimismo, han informado que trabajan en coordinación con los tres niveles de gobierno para reforzar las medidas de seguridad en el municipio, una medida que refleja la urgencia de proteger a los servidores públicos y garantizar la gobernabilidad en un contexto de creciente inseguridad.
