El exvicepresidente del correísmo Jorge Glas fue condenado este lunes a 13 años de prisión por malversación de fondos en Ecuador.
Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia decidió por unanimidad condenar a Glas por peculado durante el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016, el caso que le llevó a solicitar asilo a la Embajada de México en Quito y a ser detenido en una invasión a la sede diplomática cuando le fue concedido.
Asimismo, fue condenado a los mismos años de prisión Carlos Bernal, exsecretario técnico del Comité de Reconstrucción de Manabí, creado con el objetivo de llevar adelante las obras de mayor urgencia, quienes además deberán pagar una multa de 28.200 dólares y una indemnización de 250 millones de dólares.
El tribunal, determinó que Glas y Bernal utilizaron sus cargos como presidente y secretario del Comité para «abusar de dineros públicos» que debían ser utilizados «para la atención a las víctimas del terremoto».
El Ministerio Público del país meridional, dijo: «Este dinero de los ecuatorianos se destinó a 11 proyectos no prioritarios que habrían beneficiado a intereses particulares en la asignación y firma de contratos, y en los valores cancelados por contratos complementarios y de fiscalización».
En ese sentido, los magistrados dieron por probada la tesis de la Fiscalía, que durante el juicio del caso denominado como Reconstrucción, aseguró que Glas, quien presidió el Comité, y Bernal priorizaron proyectos de obras que no eran urgentes y que no se atendieron los requerimientos urgentes de los afectados por el terremoto.
La financiación de estas obras, algunas de ellas inconclusas o catalogadas como innecesarias, salió de fondos de la Ley de Solidaridad, que fue creada para paliar los daños del sismo.
No obstante, Glas aseguró días atrás que él no administró «ni un solo dólar» durante el proceso de reconstrucción, pero la jueza aseguró en la lectura de la decisión que, si bien el exvicepresidente no suscribió contratos, pudieron evidenciar «su impulso para procesar y aprobar la priorización de obras bajo el contexto de una emergencia, pero que no atendían a la emergencia, sino más bien a una arbitrariedad».
Con información de El Cooperante
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