El Departamento de Estado de EEUU publicó el informe de operaciones de la Cuenta de Custodia de Venezuela, administrada por el Departamento del Tesoro, con las cifras del período comprendido entre el 3 de enero y el 30 de septiembre de 2026.
Según el documento, en esos nueve meses ingresaron 12.260 millones de dólares provenientes de la venta de recursos naturales venezolanos, de los cuales 12.110 millones (98,7%) ya fueron desembolsados.
La gran mayoría salió por la vía intervención cambiaria: el Banco Central de Venezuela (BCV) la usó para inyectar dólares a los bancos del país, primero mediante subastas de divisas, luego con intervenciones electrónicas y, desde julio, con billetes físicos.
Solo 133,11 millones se destinaron a pagos directos a proveedores. Al cierre de septiembre solo quedaban 168,56 millones de dólares en la cuenta, a la espera de nuevas solicitudes del BCV.
La cuenta fue creada a partir de la Orden Ejecutiva 14373, firmada el 9 de enero de 2026 por el presidente Donald Trump, que dispone que los ingresos del Gobierno venezolano por la venta de petróleo y otros recursos queden bajo custodia del Tesoro estadounidense.
El informe indica que esos fondos siguen siendo activos soberanos de Venezuela, están protegidos frente a embargos y solo pueden moverse con autorización. Las licencias de la OFAC exigen que las empresas que operan con recursos venezolanos depositen allí sus pagos.
Los depósitos provinieron de 20 depositantes registrados. El petróleo y sus derivados fueron la principal fuente de ingresos, aunque el documento también menciona depósitos vinculados al oro, a minerales y a fertilizantes.
Según el informe, la actividad estuvo concentrada al inicio en pocas contrapartes y se fue ampliando a medida que se incorporaron más depositantes.
El mecanismo arrancó de forma provisional. En enero, los primeros 500 millones de dólares de ventas petroleras se depositaron en una cuenta temporal del BCV en el Qatar National Bank, una solución que, según el informe, buscaba vender crudo acumulado en almacenamiento, evitar una paralización permanente de la producción y esquivar embargos de acreedores.
De ese monto se desembolsaron 499,95 millones mediante el sistema de subastas de divisas que existía entonces: 300 millones el 15 de enero, repartidos en partes iguales de 75 millones entre Mercantil, BBVA Provincial, Banesco y el Banco Nacional de Crédito (BNC), y luego 163,95 millones el 23 de enero y 36 millones el 28 de enero. A finales de ese mes, las operaciones pasaron a la cuenta del Tesoro.
Los desembolsos se hacen a pedido del BCV, en nombre del gobierno interino venezolano, como lo denomina el documento, y pasan por la revisión del Departamento de Estado y del Tesoro, con KPMG como asesor técnico contratado. Los fondos salen por dos vías: intervenciones cambiarias y pagos a proveedores.
En las intervenciones cambiarias electrónicas, que comenzaron el 31 de marzo y reemplazaron a las subastas, se han entregado 9.320 millones de dólares.
El BCV las realiza cada semana, asigna los dólares a los bancos participantes y estos tienen cinco días hábiles para distribuirlos entre sus clientes, con un plazo adicional de otros cinco.
El informe precisa que todo el proceso pasa por bancos corresponsales en EEUU, lo que implica controles adicionales sobre las operaciones.
Desde julio se agregó la intervención con billetes físicos, pensada para operaciones en efectivo y para ampliar el acceso a dólares ante las limitaciones bancarias y de pagos electrónicos.
El informe detalla entregas por 100 millones de dólares el 8 de julio, 149,8 millones el 30 de julio (la mayor hasta ahora), 100 millones el 21 de agosto y otros 100 millones el 18 de septiembre.
De la cuarta entrega se habían distribuido 64 millones a Banesco, BBVA Provincial, Mercantil y el Banco de Venezuela, que se incorporó tras una revisión de sus controles contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La quinta entrega seguía pendiente de autorización al 30 de septiembre.
Los pagos directos a proveedores, por su parte, suman 133,11 millones de dólares entre el 6 de marzo y el 30 de septiembre. Antes de que KPMG comenzara a revisarlos en abril, esos pagos pasaban por los controles de Citibank.
El informe aclara que las cifras corresponden a un corte al 30 de septiembre, que pueden variar por los tiempos de procesamiento y liquidación, y que ciertos datos de depositantes están sujetos a acuerdos de confidencialidad.
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