Mientras Estados Unidos estrecha su cooperación con el Gobierno de Delcy Rodríguez, organizaciones de derechos humanos y la oposición denuncian que las detenciones por motivos políticos y la censura en internet no han cesado.
Esta semana, Vente Venezuela denunció que la PNB detuvo a siete personas que trabajaron en la marcha del 22 de octubre en Caracas. Fueron liberadas esa noche, pero, según el partido, sin sus equipos de sonido.
Este sábado denunció además la detención de Antonio Delgado, su coordinador en el municipio Sucre de Trujillo, por parte de la Policía Estadal. Las autoridades no han dado versión pública sobre ninguno de los casos.
Las cifras de presos políticos también siguen siendo motivo de disputa. Foro Penal contabilizaba 322 al 5 de octubre, frente a 687 cuando se aprobó la Ley de Amnistía en febrero.
El Gobierno niega que existan presos políticos y sostiene que los detenidos cometieron delitos.
En materia de internet, VE Sin Filtro reportaba el 8 de octubre 143 dominios aún bloqueados, entre ellos 24 portales de noticias, pese al anuncio oficial de levantamiento de restricciones. Washington, por su parte, destacó la restauración del acceso a más de 70 sitios.
El respaldo estadounidense se ha ido ampliando desde la captura de Nicolás Maduro en enero: Washington reconoció a Rodríguez como presidenta encargada, restableció relaciones diplomáticas, retiró sanciones contra ella y su hermano Jorge, y firmó en agosto un acuerdo petrolero que le da acceso a una cuarta parte de las reservas del país.
Este viernes, Rodríguez y el encargado de negocios John Barrett inspeccionaron juntos proyectos petroleros en Zulia.
Para los críticos, esa cercanía convive con el mantenimiento de prácticas que consideran represivas.
María Corina Machado, quien dice que sigue convencida de que Washington busca una transición democrática, ha cuestionado que EE. UU. la haya excluido de las negociaciones, algo que el Departamento de Estado rechaza al afirmar que su partido fue invitado y que ella puede regresar al país cuando quiera.
El Departamento de Estado, que celebró los “resultados tangibles” de la tercera ronda de diálogo y el compromiso de revisar leyes que considera represivas, sostiene que más de mil presos políticos han sido liberados desde enero, aunque insiste en que “todos” deben salir de inmediato.
Aún no hay fecha electoral y las conversaciones se reanudarán entre el 11 y el 15 de noviembre.
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