El fiscal general de la República, Larry Devoe, ordenó este miércoles a la Dirección de Relaciones Institucionales del Ministerio Público eliminar de todas las redes sociales oficiales de la institución las publicaciones en las que se exponga la imagen de personas privadas de libertad o se les señale directamente como responsables de delitos, sin que exista una condena penal firme en su contra.
El anuncio lo hizo el propio funcionario a través de su cuenta en X.
«En ejercicio de mis atribuciones como fiscal general de la República, y en estricto apego a los principios constitucionales que rigen nuestra actuación, he ordenado a la Dirección de Relaciones Institucionales eliminar de todas las redes sociales oficiales del Ministerio Público las publicaciones en las que se exponga la imagen de personas privadas de libertad o se les señale directamente como responsables de la comisión de delitos, sin que exista condena penal en su contra», escribió Devoe.
El argumento: la presunción de inocencia
El fiscal general enmarcó la medida en un principio constitucional básico del derecho penal.
«Esta medida responde a un principio fundamental: toda persona es inocente hasta que un tribunal determine lo contrario. La presunción de inocencia no es una formalidad, es un derecho constitucional que el Ministerio Público está obligado a garantizar», señaló.
Y agregó:
«Reafirmamos nuestro compromiso con una justicia transparente, objetiva y apegada al debido proceso, donde la dignidad de la persona sea siempre preservada».
La disposición representa un cambio relevante en la comunicación institucional del Ministerio Público venezolano, que durante años —bajo la gestión del antecesor de Devoe, Tarek William Saab— difundió de manera rutinaria en sus redes sociales fotografías e identidades de personas recién detenidas, presentándolas frecuentemente como responsables de delitos antes de que un tribunal dictara sentencia.
Devoe asumió el cargo de fiscal general el pasado 9 de abril de 2026, tras ser juramentado por la Asamblea Nacional, en sustitución de Saab.
Desde su llegada al cargo, el funcionario ha insistido públicamente en la necesidad de reforzar las garantías procesales dentro del sistema de justicia venezolano, y en meses recientes reconoció públicamente fallas del sistema, incluido el caso de una persona que permaneció siete años en un establecimiento policial sin ser presentada ante un tribunal.
Organizaciones de derechos humanos han señalado en el pasado que la exposición mediática de detenidos sin condena constituye una práctica que vulnera garantías procesales básicas.
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