Las recientes declaraciones de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en las que defendió al empresario Alejandro Betancourt frente a los cuestionamientos sobre su pasado judicial, contrastan con las acusaciones que el propio chavismo formuló públicamente contra el empresario años atrás, cuando fue señalado desde el Palacio de Miraflores como presunto responsable de una trama de corrupción con Pdvsa.
El 15 de febrero de 2020, el entonces vicepresidente sectorial de Comunicación, Jorge Rodríguez —hermano de la actual mandataria encargada—, acusó públicamente a Betancourt de haber obtenido «miles de millones de dólares» mediante contratos irregulares para la compra de plantas termoeléctricas, otorgados durante la gestión del exministro de Petróleo Rafael Ramírez.
Según la denuncia formulada en su momento, el empresario habría utilizado fondos provenientes de esos contratos para financiar al partido opositor Voluntad Popular y, de manera directa, al entonces presidente encargado autoproclamado Juan Guaidó.
Rodríguez sostuvo en aquella oportunidad que Betancourt recurrió al bufete de la entonces diputada Tamara Adrián para certificar la legalidad de los fondos obtenidos, los cuales —según la versión oficialista— fueron utilizados posteriormente para adquirir edificios, fábricas y residencias de lujo en los estados de Florida y España.
La denuncia del chavismo se apoyó en una publicación del diario estadounidense El Nuevo Herald, que en febrero de 2020 vinculó a Betancourt con el desvío de 1.200 millones de dólares provenientes de Pdvsa.
El propio Jorge Rodríguez llegó a calificar a Betancourt como «la mano derecha» de los dirigentes de Voluntad Popular Leopoldo López y Juan Guaidó, y anunció en su momento que presentaría pruebas adicionales sobre esos vínculos, sin que estas llegaran a difundirse públicamente.
El escenario cambió de forma notable tras la intervención militar estadounidense del 3 de enero de este año.
Betancourt pasó de ser señalado por el chavismo a convertirse en una figura clave dentro de la nueva relación entre la administración de Donald Trump y el gobierno interino de Delcy Rodríguez.
El propio Mauricio Claver-Carone, quien fuera asesor de Trump para asuntos venezolanos, declaró a Reuters que funcionarios estadounidenses utilizaron a Betancourt como intermediario con la administración de Rodríguez, dado su conocimiento del negocio petrolero en ambos países.
En ese nuevo contexto, Delcy Rodríguez defendió esta semana la participación de Betancourt —a través de su empresa North American Blue Energy Partners (Nabep)— en el macroacuerdo petrolero suscrito entre Venezuela y Estados Unidos, alegando que el caso judicial en su contra fue sobreseído en Venezuela y que no enfrenta actualmente ninguna causa penal en Estados Unidos, al tiempo que cuestionó lo que calificó como un «juicio mediático» en su contra.¿
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