El Departamento de Estado de Estados Unidos difundió un comunicado en el que anuncia lo que calificó como el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial, mediante el cual el gobierno de Donald Trump obtiene el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas en Venezuela.
Según el texto, esta cifra amplía significativamente las actuales reservas territoriales probadas de Estados Unidos, que rondan los 46.000 millones de barriles.
El acuerdo fue firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y otorga a Washington derechos de gobernanza, participación económica y suministro garantizado a bajo costo a través de una nueva petrolera privada venezolana que, de acuerdo con el comunicado, se convertiría en la segunda compañía petrolera privada más grande del mundo por reservas.
En el marco de este acuerdo, las autoridades interinas venezolanas otorgaron a North American Blue Energy Partners (NABEP), actualmente la segunda mayor productora petrolera privada del país, concesiones por 100 años sobre 17 campos petroleros con reservas probadas cercanas a los 65.000 millones de barriles.
Según el comunicado, NABEP cedió a la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra estadounidense una participación accionaria del 35% en su matriz corporativa, sin costo alguno para el contribuyente estadounidense, lo que representaría hasta cientos de miles de millones de dólares en valor y dividendos para Estados Unidos.
Adicionalmente, otorgó al Departamento de Estado el derecho de comprar, a precio de costo de producción, un 20% garantizado de la producción de todos sus campos actuales y futuros, con el fin de reabastecer la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) y abastecer usos militares y otros fines considerados sensibles.
El Departamento de Estado también recibió el derecho de primera opción de compra sobre el 80% restante de la producción.
El comunicado precisa que el gobierno estadounidense tendrá poder de veto sobre el nombramiento de los miembros de la junta directiva de NABEP, y que la mayoría de ese directorio deberá estar compuesta por ciudadanos estadounidenses.
La empresa contará con auditores, abogados y asesores estadounidenses, y el acuerdo estará regido por leyes de Estados Unidos y sujeto a la jurisdicción de tribunales de ese país.
Según Washington, millones de barriles de nueva producción venezolana serán procesados en refinerías estadounidenses, lo que impulsaría inversión y empleo en territorio de Estados Unidos.
El texto enmarca el acuerdo dentro de un plan de tres partes de la administración Trump para Venezuela: estabilización, reconstrucción y transición democrática, que —según el comunicado— sigue al éxito de la operación militar denominada Operation Absolute Resolve.
NABEP prevé invertir hasta 100.000 millones de dólares en nueva infraestructura petrolera en el país, y sus concesiones se regirán por la nueva ley de hidrocarburos venezolana, adoptada con respaldo estadounidense.
De acuerdo con el comunicado, la empresa pagaría un estimado de 200.000 millones de dólares en regalías e impuestos durante los primeros 25 años, fondos que —según Washington— estarán sujetos a mecanismos de supervisión bancaria y monitoreo financiero impulsados por la administración Trump para garantizar que se destinen al pueblo venezolano.
El comunicado añade que Estados Unidos patrocina actualmente conversaciones de reconciliación entre la Asamblea Nacional electa en 2015 y las autoridades interinas, proceso que —según el texto— ya ha derivado en reformas al Poder Judicial venezolano, la liberación de cientos de presos políticos y esfuerzos conjuntos para financiar la reconstrucción tras los terremotos de junio.
Nuevas reuniones de ese proceso están previstas para septiembre.
El comunicado sostiene además que la mayoría de los campos petroleros que operará NABEP estaban previamente controlados por firmas rusas y chinas o por allegados a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, a quienes Washington acusa de haber saqueado los recursos venezolanos en beneficio de Cuba, Rusia y China.
El texto enmarca el acuerdo como parte de lo que llama el restablecimiento de la Doctrina Monroe por parte de la administración Trump.
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