El candidato izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, formalizó este lunes ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una solicitud para declarar la nulidad de los votos emitidos por los peruanos residentes en el extranjero en 119 oficinas consulares, en una maniobra que, de prosperar, le daría la victoria en la segunda vuelta presidencial frente a la derechista Keiko Fujimori.
Con el escrutinio al 99,71%, Fujimori lidera con el 50,11% de los votos válidos frente al 49,88% de Sánchez, una diferencia de aproximadamente 40.600 sufragios.
Sin embargo, si se excluyen los votos del exterior, los porcentajes se invierten: Sánchez lograría el 50,11% con una ventaja de 40.793 votos sobre Fujimori. El Tiempo
El argumento: cadena de custodia rota
Sánchez sostuvo que la solicitud responde a presuntas irregularidades durante el proceso de votación fuera del país:
«Hemos presentado la solicitud toda vez que el procedimiento electoral ha sido gravemente afectado por las modificaciones introducidas a solicitud del Poder Ejecutivo (Cancillería), específicamente en la segunda vuelta presidencial».
La controversia se centra en el mecanismo de traslado del material electoral desde el exterior.
Juntos por el Perú sostiene que la Cancillería reemplazó la digitalización de actas aplicada en la primera vuelta por el envío físico mediante valijas diplomáticas, lo que habría comprometido la cadena de custodia. El candidato señaló que fue «inédito» que más de 160 cónsules del mundo viajaran a Lima físicamente a entregar las actas.
Como parte de su ofensiva legal, la agrupación también presentó una denuncia constitucional contra el canciller Carlos Pareja, a quien acusa de haber modificado de manera irregular el sistema de custodia y traslado de los votos emitidos fuera del país.
El JNE ya rechazó recursos anteriores
La estrategia legal de Sánchez enfrenta un obstáculo importante: el JNE ya declaró infundadas las apelaciones previas de Juntos por el Perú que buscaban anular cerca de 2.000 actas de votación.
Incluso durante las audiencias, el abogado de la defensa reconoció que la tesis del fraude constituía una hipótesis que requería mayores elementos para ser acreditada.
La Cancillería y los observadores rechazan el fraude
Desde el gobierno, el ministro de Relaciones Exteriores indicó que ni los observadores internacionales, ni la Contraloría General de la República, ni la Defensoría del Pueblo, ni los representantes del JNE ni los propios personeros de los partidos detectaron irregularidades que permitan sostener una acusación de fraude en el sufragio emitido desde el extranjero.
Un elemento que debilita la posición de Sánchez es que, ni él ni su partido criticaron antes de la votación la decisión de las autoridades de no enviar de manera digital los resultados de las actas en el exterior, un cambio sobre el que las principales misiones internacionales de observación electoral no encontraron irregularidad grave ni señal de fraude.
Amenaza de movilizaciones y convocatoria a marcha
Paralelamente a la vía legal, Sánchez amenazó con movilizaciones que calificó de «históricas» y señaló ante sus seguidores que, si se cuentan únicamente los votos en territorio nacional, habría ganado en más de 1.600 distritos, más de 160 provincias y 16 de las regiones del país.
El JNE deberá ahora decidir si admite o rechaza este nuevo recurso, en lo que sería la última carta legal de Sánchez antes de una posible proclamación de Fujimori como presidenta electa.
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