El gobierno venezolano dio un paso significativo en uno de sus litigios más complejos en Estados Unidos: contrató al bufete Greenberg Traurig para asumir su defensa en el caso Crystallex, una disputa que arrastra a más de una docena de acreedores que reclaman compensaciones por expropiaciones.
Así lo reveló esta semana el estudio que hasta ahora llevaba el caso, según reportó Reuters.
Los abogados Daniel Pulecio y Dominic Draye son los nuevos representantes de Venezuela en este litigio.
El relevo quedó formalizado a través de una carta de la procuradora general Arianny Seijo dirigida al bufete saliente, Munger, Tolles & Olson, que solicitó al Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito su retirada del caso.
El cambio tiene trasfondo político.
En marzo pasado, Washington reconoció formalmente al gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez como la autoridad legítima del Estado venezolano, lo que obligó a redefinir quién puede hablar en nombre del país ante los tribunales estadounidenses.
Munger, Tolles & Olson lo dejó claro ante la corte: la decisión del ejecutivo norteamericano sobre quién es el jefe de Estado de un gobierno extranjero es vinculante para los jueces.
Este no es un caso aislado.
En los últimos meses, Venezuela ha venido reemplazando a sus representantes legales en varios tribunales extranjeros, particularmente en procesos activos en Estados Unidos relacionados con deudas e indemnizaciones pendientes.
El movimiento forma parte de una estrategia más amplia para ordenar su situación financiera y avanzar hacia un plan de reestructuración de deuda.
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