El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) confirmó este domingo 7 de junio la muerte de Víctor Alfonso Rivero en el Centro de Formación Hombre Nuevo de Carúpano, estado Sucre, elevando a 21 el número de personas privadas de libertad fallecidas bajo custodia del Estado venezolano desde abril de 2026.
La cifra representa una escalada sostenida y documentada. En los primeros días de mayo el conteo se situaba en 14 fallecidos.
A mediados de ese mismo mes la cifra había subido a 17, y el pasado 5 de junio llegó a 19 con la muerte de Alberto Rafael Solarte Cabrera en la cárcel El Marite, en el estado Zulia. En apenas dos días, dos nuevos fallecimientos han sumado a Rivero como el caso número 21.
Un patrón que se repite: la enfermedad como sentencia de muerte
El OVP señaló que la crisis carcelaria está marcada por condiciones críticas de salud, con internos afectados por enfermedades respiratorias, tuberculosis, infecciones y desnutrición, en un contexto donde la atención médica resulta insuficiente o inexistente.
Las familias de los reclusos terminan asumiendo funciones que corresponden al Estado: suministrando medicamentos, alimentos e insumos médicos, e incluso gestionando traslados hospitalarios para intentar salvar la vida de sus seres queridos.
El escenario de 2026 se inscribe en una tendencia de años.
Según el informe anual del OVP, en 2025 murieron 181 presos bajo custodia estatal en Venezuela, el 95% de ellos por falta de atención médica.
De ese total, 158 fallecieron en cárceles y 23 en calabozos policiales.
El informe, titulado «En Venezuela es preferible estar muerto que vivir el horror tras las rejas», señaló que la principal causa de muerte fue, una vez más, la deficiente atención médica y las precarias condiciones sanitarias.
Una pregunta sin respuesta
El OVP fue contundente en su denuncia:
«La pena de muerte está prohibida en Venezuela, pero el abandono, la indiferencia y la desatención siguen produciendo el mismo resultado».
La organización advirtió que la acumulación de muertes bajo custodia no puede seguir siendo tratada como una sucesión de casos aislados, y exigió la actuación urgente de los organismos nacionales competentes y el seguimiento permanente de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, incluyendo la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana y las Naciones Unidas.
Mientras tanto, las autoridades venezolanas siguen sin pronunciarse sobre esta situación.
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