El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestó su profunda consternación ante la desaparición forzada y el posterior fallecimiento de Víctor Hugo Quero Navas bajo custodia del Estado venezolano.
A través de un comunicado emitido desde Ginebra, los expertos internacionales instaron al Gobierno de Venezuela a iniciar de forma inmediata una investigación exhaustiva, imparcial e independiente sobre los hechos.
El organismo enfatizó que el proceso debe incluir pruebas forenses autónomas y la restitución digna del cuerpo a sus familiares, subrayando la responsabilidad del Estado en garantizar el derecho a la verdad y la rendición de cuentas.
Según la información recopilada por el grupo de expertos, Quero Navas fue detenido en enero de 2025, tras lo cual sus allegados solicitaron información de su paradero ante diversas autoridades sin obtener respuesta durante meses.
El Grupo de Trabajo reveló que transmitió el caso al Gobierno venezolano el 31 de marzo de 2025 bajo su mandato humanitario, pero no recibió contestación oficial.
No fue sino hasta el 7 de mayo de 2026 cuando las autoridades emitieron un comunicado público informando que el ciudadano estuvo recluido en el Internado Judicial Rodeo I y que habría fallecido el 15 de julio de 2025 en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo por una insuficiencia respiratoria.
«Resulta profundamente preocupante que las autoridades no hayan proporcionado esta información sino hasta ahora, meses después de su fallecimiento», señalaron los expertos de la ONU.
El organismo internacional detectó graves contradicciones entre la versión oficial y los documentos legales en poder de la familia.
El Grupo de Trabajo destacó la existencia de una “Acta de Comparecencia” suscrita por la Defensoría Pública de Venezuela con fecha del 24 de octubre de 2025, donde se aseguraba que Quero Navas se encontraba aún en el Rodeo I, a pesar de que la versión reciente del Gobierno sitúa su muerte tres meses antes de dicha acta.
«Estas contradicciones requieren ser esclarecidas, particularmente en lo relativo a la fecha real del fallecimiento», indicaron los expertos, quienes también expresaron su alarma por la falta de independencia judicial y la opacidad en el manejo del caso frente a la búsqueda incesante de la madre de la víctima.
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