Alrededor de 545 mil 043 migrantes, en su mayoría de Venezuela, cruzaron Honduras en 2023 con el objetivo de llegar a Estados Unidos, informó este viernes el Instituto Nacional de Migración (INM).
El número de migrantes que ingresaron al país entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado es un 188,6% superior a los 188 mil 858 extranjeros registrados en 2022, según las cifras del INM.
Del total de migrantes que llegaron a Honduras, 228 mil 889 eran de Venezuela, seguido de Cuba (85 mil 969), Haití (82 mil 249), Ecuador (46 mil 086), Colombia (13 mil 136), Guinea (12 mil 902), China (12 mil 184) y Senegal (8 mil 964), precisó la institución hondureña.
Los restantes 54 mil 664 migrantes que ingresaron al país proceden de más de una treintena de países del mundo, incluidos asiáticos y africanos, detalló el INM, que enfatizó que las autoridades migratorias han «garantizado un trato digno y el respeto a los derechos humanos» a los viajeros.
Muchos de los migrantes irregulares son acogidos en cuatro Centros de Atención al Migrante Irregular (CAMI) habilitados por el Gobierno, donde toman sus datos biométricos y reciben alimentación y atención médica.
No habrá sanciones
El Gobierno de Honduras anunció el pasado 28 de diciembre que no impondrá sanción administrativa a los flujos de migrantes extranjeros que ingresen al país, a quienes además se les otorgará un permiso especial de permanencia en el territorio nacional hasta por un término de diez días.
Las medidas se tomaron «en vista de la no aprobación de la prórroga de la amnistía migratoria vigente hasta el 31 de diciembre» de 2023, de lo que el INM culpó en un comunicado a los diputados del opositor Partido Nacional «y sus aliados en el Congreso Nacional», en alusión tácita a otras bancadas de oposición.
La medida del Ejecutivo hondureño obedece a que el 31 de diciembre se vence una amnistía migratoria para que los extranjeros en tránsito por el país no paguen un impuesto, que establece el marco normativo vigente, cuya prórroga no ha sido aprobada por el Parlamento, que lleva cuatro meses sin celebrar sesiones por diferencias y falta de consenso entre las distintas bancadas para elegir a los nuevos fiscal general y fiscal adjunto.
Con información de EFE y El Carabobeño
