Un grupo de 18 estados de Estados Unidos, liderados por California y Nueva York, presentaron un amicus curiae en apoyo a una demanda que busca posponer la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos.
En un documento publicado por la Oficina de la fiscal general del Estado de Nueva York, Letitia James, las entidades argumentan que la decisión de la administración Trump de revocar el TPS para más de 600,000 venezolanos sería «perjudicial» para sus comunidades, economías y sistemas de salud pública.
Los estados firmantes del texto presentado ante una corte federal en California, donde se lleva a cabo el juicio impulsado por dos organizaciones de defensa de los migrantes, son: California, Nueva York, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y el Distrito de Columbia.
El TPS fue otorgado a venezolanos en 2021 y redesignado en 2023 debido a la situación humanitaria en Venezuela. Sin embargo, en febrero de 2025, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la terminación del TPS para venezolanos, alegando mejoras en el país sudamericano, una afirmación que los estados consideran «infundada»
Argumentos
Los estados argumentan que la terminación del TPS afectaría gravemente a las familias de venezolanos, muchas de las cuales son de «estatus mixto», es decir, incluyen a ciudadanos estadounidenses.
Según los datos, más de 130,000 ciudadanos estadounidenses viven en hogares con al menos un beneficiario del TPS venezolano. «La separación familiar, ya sea por deportación o por la pérdida de estatus legal, tendría efectos devastadores en la salud mental y el bienestar de los niños, muchos de los cuales ya experimentan ansiedad y miedo debido a la incertidumbre migratoria», afirman.
Los estados también destacan el impacto económico que tendría la terminación del estatus. De acuerdo con las entidades, los venezolanos con TPS contribuyen significativamente a la economía estadounidense, generando $11,500 millones anuales y pagando $3,100 millones en impuestos federales y $2,100 millones en impuestos estatales y locales en 2023.
Además, indican que el 75 % de los venezolanos en edad laboral están empleados, muchos en industrias clave como la construcción, el transporte y los servicios. «La pérdida de su estatus legal no solo afectaría a estos trabajadores, sino que también generaría una escasez de mano de obra en sectores que ya enfrentan dificultades para contratar personal», sostienen.
Según los estados, la terminación de la protección también tendría consecuencias negativas para la salud pública. El 67 % de los venezolanos con esta condición tienen seguro médico privado, a menudo proporcionado por sus empleadores.
Problemas de salud pública
Asimismo, señalan que si pierden su estatus legal, muchos perderían este seguro, lo que aumentaría la carga sobre los sistemas de salud públicos. Además, la falta de estatus legal disuadiría a muchos inmigrantes de buscar atención médica, lo que podría exacerbar problemas de salud pública y aumentar los costos de atención de emergencia.
Los estados también dicen que esta medida dificultaría los esfuerzos de las fuerzas del orden para combatir el crimen. Afirman que los inmigrantes sin estatus legal son menos propensos a reportar delitos o cooperar con la policía por miedo a la deportación. Esto podría obstaculizar la lucha contra organizaciones criminales como el Tren de Aragua, una banda venezolana recientemente designada como organización terrorista por el Gobierno de Trump.
Finalmente piden a la corte que posponga la terminación del TPS para venezolanos, afirmando que la medida causaría daños irreparables a las familias, las economías estatales y la salud y seguridad públicas. «La terminación del estatus no solo es injusta, sino que también es contraria al interés público», concluyen los estados en su escrito.
Con información de El Cooperante
